Mientras la enorme mayoría de la población volcó su mirada en la edición 54 del Festival Internacional de Peñas, por lógicas razones históricas y actuales del mayor espectáculo musical de la ciudad, la Justicia allanó por segunda vez el Concejo Deliberante y no encontró las Declaraciones Juradas (DDJJ) de Verónica Vivó -actual concejala, presidente del bloque oficialista- y de su esposo Jorge “Pampero” Barrera -exdirector del MuniCerca 5 y exdirector de Participación Vecinal-.
Las DDJJ desaparecieron del Archivo del Palacio Legislativo local, custodio de la documentación pública oficial. ¿Dónde están? ¿Las perdieron? ¿Alguien las llevó? ¿Por qué están las Declaraciones Juradas de otros tantos funcionarios y justo las requeridas por la Justicia no aparecieron a pesar del allanamiento? ¿Quién es el custodio del lugar? ¿A quién le cabe la responsabilidad? Si cualquier ciudadano de a pie, que lleva sus papeles en regla, debe guardar por años documentación que acredite movimientos financieros, legales o de otro tipo, ¿por qué el Concejo Deliberante se puede dar “el lujo” de perder o desaparecer información sensible? ¿Fue un descuido? ¿Hay intenciones de ocultar información? ¿O solo se trata de negligencia?
Los funcionarios no tenían respuestas ante los oficiales de Justicia. Nadie sabía dónde estaban las DDJJ de Vivó y Barrera. El actual presidente del Concejo, Pablo Rosso, aseguró ante la prensa que iniciará acciones administrativas para determinar qué sucedió en el periodo 2007-2019. Por un lado, para comprobar si ambos funcionarios entregaron la documentación requerida por norma; y por otro lado, si las mismas fueron entregadas en tiempo y forma, por qué desaparecieron o se perdieron del Archivo.
Vaya paradoja, todas las DDJJ requeridas por la Justicia ordinaria en esta oportunidad se encontraron en la Auditoría General. Es decir, allí sí se resguardó esta imprescindible documentación que funcionarios públicos deben actualizar año tras año. ¿Alguien va dar alguna explicación de por qué no estaban en el Concejo Deliberante?
Rosso reconoció en una nota periodística que “no estaban todas las Declaraciones Juradas” y recordó que la entrega de las mismas responde a una ordenanza sancionada en 1996. “Tanto en el momento que se designa un funcionario como todos los años en el mes de noviembre, el Concejo le recuerda la obligación de presentar la DDJJ”, explicó.
Y agregó al respecto: “Como los periodos solicitados son antes de 2019 y nosotros estamos en un periodo de receso, vamos a iniciar acciones administrativas correspondientes para entender el circuito que llevaban adelante los presidentes del Concejo en periodos anteriores. Si bien la ordenanza es clara que le asigna la responsabilidad a la Secretaría Habilitada, siempre hay procedimientos internos de agentes que participan en esos procedimientos. Y hay que detectar si hubo omisión de los funcionarios en entregar la DDJJ o, si se entregaron, hay faltante de documentación en el Archivo. Nos pusimos a disposición de la Justicia”.
A Vivó y Barrera (que está detenido), más allá de una causa penal por supuesto caso de abuso sexual contra una mujer, que tiene a ambos imputados, la fiscal de instrucción Juliana Companys los investiga por supuestas incompatibilidades en el ejercicio de la función pública, ya que podrían formar parte de una empresa encargada del mantenimiento de espacios públicos en el mismo momento que ejercían (o ejercen, en el caso de Vivó) sus funciones como autoridades de la ciudad.
A Barrera ya lo imputó, a Vivó la continúan investigando en dicha fiscalía. La concejala, más allá de la gravedad de la primera acusación, aún permanece en el cuerpo legislativo. No pidió licencia como muchos sugirieron del oficialismo y la oposición, y por ahora se mostraría dispuesta a continuar y enfrentar los cuestionamientos públicos contra su persona (la ley no le impide ser concejal mientras no sea declarada culpable, por ahora solo pesa una grave imputación que asimismo no la imposibilita legalmente continuar en la banca. Sin embargo, hay cuestiones de índole éticas y morales que deberían operar en el sentido común de cualquier persona y/o espacio político ante la gravedad de la acusación).
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