A través de las lentes de las cámaras de video y fotografías, la mirada del país se posó esta semana en el Palacio de Tribunales de Villa María, tal vez como nunca haya sucedido antes. Medios provinciales y nacionales desembarcaron con sus grandes cámaras y micrófonos para cubrir la primera declaración de Leonardo Cositorto, líder de Generación Zoe, ante la fiscal Juliana Companys. Un despliegue mediático pocas veces registrado en la ciudad, lo que habla del impacto del caso de estafa y asociación ilícita (los delitos investigados por la Justicia) más grande que recuerde la historia Argentina (dicho por expertos).
La figura extravagante de Cositorto, la defensa inalterable de su “empresa” y los miles de damnificados en varias provincias e incluso en otros países de la región, Estados Unidos y Europa configuran el relato propio de una serie de Netflix o cualquier otra plataforma de streaming. ¿Puede alguien engañar a tanta gente en un mismo momento con sobrada facilidad o su aparente liderazgo mesiánico invisibilizó el verdadero negocio detrás del coaching ontológico y demás “servicios” de Zoe? ¿Cositorto es un estafador o un “gurú”?
La Justicia de Villa María ya receptó más de 170 denuncias por supuestos hechos de estafa y el número podría seguir creciendo en las próximas semanas. Nadie se atreve a especificar con certeza ni la cantidad de denuncias que finalmente podrían radicarse en los tribunales ni el monto exigido por los damnificados para que sean devueltos. Ello habla de lo inacabable que puede resultar la investigación en el corto plazo. Hay mucho camino por recorrer aún.
El nombre de Leonardo Cositorto se replicó en todo el país en este tiempo. Un absoluto desconocido que terminó en todos los medios de comunicación producto de la investigación que lleva adelante la fiscal Companys y su impacto en otras jurisdicciones. Dijo manejar una suma de 250 millones de dólares que se desconocen dónde están, pues ese dinero jamás entró al circuito bancario formal. Pero al “gurú” de las palabras y la persuasión se le acabaron las ideas creativas cuando en la Justicia debió responder por lo actuado en su organización.
Lo manifestó su abogado, Miguel Ángel Pierri, tras culminar la declaración de su defendido. Se desligó de Villa María y cargó responsabilidades sobre la familia Álvarez, los administradores locales de Zoe. Estrategia poco creativa en lo discursivo y con el avance de la investigación veremos si también en lo judicial. ¿Quién puede creer que Cositorto no tenía nada que ver con Villa María si brindó conferencias masivas en grandes salones o el dinero recaudado por aportes de fiduciantes (“sumas siderales”, según palabras del abogado de los Álvarez, Leonardo Cáceres) tenía como destino engrosar las arcas de la organización? Zoe es Cositorto y también de sus cómplices.
El abogado Cáceres parece más razonable en el planteo. Señala que sus defendidos son “víctimas responsables”, porque confiaron en la organización e “invirtieron” dinero y a la vez responsables por encabezar el armado local de Zoe. Aunque claramente apunta que la principal responsabilidad recae en Cositorto.
¿Alguien podría haber armado un Zoe propio sin la venia del líder? La estrategia defensiva parece ridícula ante la magnitud de las evidencias de vinculación entre los Álvarez y Cositorto. La Justicia de Villa María deberá probar la estafa y asociación ilícita y evitar que la causa termine en Comodoro Py.
Y aquí el punto central de la columna. Comodoro Py es política. Si la causa se tramita allí en el futuro, como asegura Pierri, el concepto de justicia quedará a merced de acuerdos que poco o nada tienen que ver con el Código Penal. En la Justicia ordinaria las víctimas pueden encontrar justicia, en los tribunales federales solo mirar por televisión si Cositorto sale libre, queda preso,se lo condena o absuelve, pero el nivel de accionar de las víctimas quedará reducido a casi cero.
La suerte de Cositorto también quedará atada a la pelea de competencias y los vaivenes de la política. Nadie puede creer de manera ingenua que semejante organización piramidal se construyó sin el guiño de la política o la justicia. Ambas pueden lavarse las manos luego o “tirarte” un salvavidas en el futuro. Por eso allí asoma Comodoro Py.
Por ahora, en Villa María, hay más de 170 denuncias. Pero no caben dudas que las víctimas son muchos más. Algunos no querrán aparecer nombrados, y dan el dinero por perdido. Al fin y al cabo fue una inversión que les salió mal. Pero otros han dejado sus ahorros de toda la vida y hoy ruegan por una solución que parece inalcanzable. La Justicia podrá castigar, aunque la tarea mayor será encontrar el dinero. En el mundo de las offshore nadie puede garantizar semejante empresa. Aunque la esperanza es lo último que se pierde.
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