Luego de algunos meses de descanso, con poco para ofrecer en el campo de las ideas, la política volvió un día a Villa María. Revivió. Fue, sin dudas, la semana más intensa en mucho tiempo, con polémicas y denuncias cruzadas, que prometen más capítulos en una saga que presenta varias historias, pero con un hilo conductor: los fuertes debates entre oficialismo y oposición; y los propios debates internos en el seno del oficialismo y la oposición. Política, señores.
Las denuncias opositoras de “vacunación VIP”, la polémica en torno a las comisiones de vacunación y obra pública y la feroz interna radical marcan un despertar de la discusión. Siempre se puede elevar la calidad del debate, aunque lo importante en esta ocasión es el regreso de una herramienta fundamental para la democracia: las diferencias en los puntos de vista y la puesta en la escena pública de esas diferencias. Aquellos que le temen a “la grieta” poco han leído de historia argentina para entender que el choque de ideas, métodos y acciones datan de tiempos de la colonia, y más atrás también. No hay que temerle al debate, hay que temerle a la ausencia del debate.
Cada punto merece un análisis particular. El legislador radical Marcelo Cossar incluyó como supuestos vacunados VIP a dos villamarienses, María Soledad Pepino (funcionaria judicial) y Miguel Sponer (funcionario municipal). Publicó una lista con 14 nombres, con lugar de vacunación, fecha, cargo y motivo de la inmunización que figura en los registros. ´
Sponer salió a defenderse y dijo que no se vacunó por su actividad en la gestión pública, sino por su profesión. “Hace 30 años soy odontólogo y estamos incluidos dentro de los grupos de riesgo. Ya se han vacunado más de 2500 odontólogos de toda la provincia”, afirmó ante la prensa. Sin embargo, el Departamento Ejecutivo Municipal se desligó de cualquier acto irregular, si lo hubiere, y responsabilizó a la Provincia: “Puedo confirmar que la vacunación del Dr. Miguel Sponer, como la de los demás villamarienses que se mencionan en el listado dado a publicidad por los medios de prensa, no ha sido realizada por nuestro equipo de salud, sino que las mismas fueron aplicadas en el Hospital Regional Pasteur, entidad que depende del Gobierno de la Provincia de Córdoba”, aseveró en una nota remitida al Concejo Deliberante, el secretario de Salud Pedro Trecco.
En este contexto, la oposición local insistió en la conformación de una comisión de seguimiento de la vacunación, que el oficialismo en una primera instancia había aceptado y luego rechazó. Incluso podría haber pedidos de informe en las próximas horas por este tema en particular. Cossar criticó en un medio local la justificación de Sponer: “Cuando uno es funcionario público, lo primero es ser funcionario público. Es sinónimo de servidor público. Ahora si se busca el atajo para decir, ‘yo me vacuné como odontólogo’, no señor, usted es un funcionario público y como funcionario público hay que ir al final de la fila, al último de la cola, no al principio”.
En este marco, si nos referimos a comisiones, el oficialismo presentó un proyecto de ordenanza para transparentar la obra pública (controlar los fondos que lleguen desde Nación y Provincia, y además verificar la ejecución). Ambas comisiones son buenas ideas, lo dice el dicho, “lo que abunda no daña”. Cada estamento tiene sus propios mecanismos de control y sumar nuevos elementos agregaría más transparencia en el proceso. No tiene ninguna contraindicación. Ahora, ¿por qué una comisión sirve y la otra no? ¿por qué es válido controlar la obra pública y no la vacunación? ¿por qué controlamos los recursos que llegan de otros estados y no la aplicación de las dosis contra el coronavirus? Encontrar alguna razón lógica sería escarbar sobre cuestiones políticas internas, que suelen tener poco de lógica.
El otro punto es la interna radical. Ya es un escándalo a nivel provincial, puede suceder lo mismo a nivel local. El candidato de Córdoba con Todos, Nicolás Marcotegui, amenazó con bajar la lista si la Junta Electoral Provincial no responde al pedido de impugnación ante supuestas irregularidades en la confección de las otras dos listas, Experiencia y Juventud, que encabeza Cecilia Fernández; y Movimiento Nacional de la Militancia Radical, que lidera María del Carmen Ramírez. Marcotegui denuncia que hay personas que no son afiliadas al partido o no cumplen el tiempo mínimo requerido para formar parte de una lista para participar de la interna.
Con apenas horas para la oficialización de las nóminas y a dos días del comicio, con todo lo que ha ocurrido a nivel provincial, la interna radical puede terminar en escándalo. El mínimo para la validez de la elección son 600 votantes, pero qué pasaría si una lista se baja. ¿alcanzaría con los votos de dos núcleos internos para llegar a ese número? El radicalismo vive una crisis sistemática desde principios de siglo. Ni elecciones ni listas de unidad parecen enderezar el rumbo de un partido que se aleja cada vez más del poder.
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