Sin la fecha de las elecciones provinciales a mano, el peronismo cordobés puso primera antes del inicio del Mundial de Qatar. Si bien su candidatura fue siempre número puesto, la oficialización de Martín Llaryora con muchísimo tiempo de anticipación abrió la etapa pre-electoral más larga de los últimos 25 años en Córdoba.
Si los comicios se celebran entre abril y junio, como se especula por estas horas, la campaña durará entre cinco y siete meses. El gobernador Juan Schiaretti tiene la potestad de fijar la fecha con 90 días de anticipación, y seguramente la anunciará en el momento que crea conveniente para su espacio político, ni un día más, ni un día menos.
El intendente de Córdoba pretende líderar el nuevo tiempo en la provincia, ya sin las figuras de José Manuel De la Sota o Juan Schiaretti en la cabeza del proyecto político que más tiempo permaneció en el poder desde el retorno a la democracia. Llaryora puede marcar la continuidad a partir de diciembre de 2023, pero también puede marcar el fin de ciclo. La elección provincial se vislumbra reñida, cerrada, ajustada, sin márgenes importantes para oficialismo u oposición.
Hacemos por Córdoba, sin embargo, largó antes y le sacó un cuerpo de ventaja a la oposición de Juntos por el Cambio. Tal vez más de un cuerpo en términos turfísticos. No solo que definió y lanzó a la cancha a Llaryora, sino que desactivó cualquier conflicto interno. Todo el peronismo provincial se encolumnará detrás de Llaryora, el resto ocupará otros cargos electivos o ejecutivos en un futuro gobierno, aunque ya nadie podrá plantear una alternativa política. El llaryorismo se quedó con la postulación del cargo máximo, con la venia del gobernador. El resto, a la fila.
Por otro lado, el peronismo busca mostrar continuidad, previsibilidad, orden. Todo lo contrario a Juntos por el Cambio, que ni siquiera pudo anunciar un reglamento interno para dirimir candidaturas. Mucho menos se conoce el programa de gobierno; y todavía permanece la incógnita sobre el candidato para competir contra Llaryora: ¿será Luis Juez o Rodrigo De Loredo? ¿O ambos compartiendo fórmula? ¿O uno en Provincia y otro en Capital? ¿Y el Pro, es un convidado de piedra en la provincia que mayor adhesión tiene el macrismo?
Frente a la incertidumbre opositora, que viene de ganar la elección legislativa 2021 por amplio margen, pero no avanzó en acuerdos ni programas de gobierno, el peronismo cordobés quiere mostrar una cara diferente: continuidad con cambios como se dijo en la presentación del flamante candidato en un importante hotel capitalino. Nadie duda ni especula con el posible plan del oficialismo: es lo que ha mostrado desde 1999 a esta parte, alianza con sectores productivos y rurales y un amplio programa de obras públicas y asistencia social. Al igual que su contrincante provincial, es abiertamente antikirchnerista (al menos en lo discursivo) y “cordobesista” por sobre todo las cosas, desapegados de los avatares de la grieta.
El único aspecto político que deberá resolver Llaryora, en acuerdo con el gobernador, será si incorporan o no a los intendentes alineados al Gobierno nacional pero que no tienen intenciones rupturistas. Los mismos son encabezados por el intendente de Villa María, Martín Gill. En una elección reñida, nadie puede desperdiciar ni un voto. Aunque, según la visión del peronismo provincial, “hay sumas que no suman”.
En una provincia marcada por el antikirchnerismo (9 de cada 10, en casi todos los comicios nacionales), la incorporación de jefes comunales o dirigentes kirchneristas o frentedetodistas puede significar más un dolor de cabeza que una solución electoral. Le sería muy fácil a Juez o De Loredo disparar munición gruesa contra ese acuerdo. Todavía es materia de diálogos y análisis. No hay nada cerrado. En el Frente de Todos, incluso, ya hay dirigentes que plantean avanzar con una lista propia ante el ataque constante del gobernador al kirchnerismo. Gill y su grupo tienen otra idea y buscarán cerrarla con Llaryora.
Para el peronismo cordobés no es un buen año: se fueron del gobierno dos ministros muy importantes, ambos fuertemente cuestionados por la sociedad. El primero, Diego Cardozo, de Salud, por las muertes de bebés en el Hospital Neonatal. El segundo, Alfonso Mosquera, de Seguridad, por hechos de violencia policial e inseguridad reinante en todo el territorio provincial. Además de la dura derrota en Marcos Juárez y conflictos gremiales de envergadura con docentes y municipales. Y ahora se sumó el choque del histórico dirigente peronista y presidente de la Unicameral, Oscar González, a quien se lo acusa de causar la muerte de una mujer y herir de gravedad a otras dos más en un accidente de tránsito en las Altas Cumbres con un vehículo de alta gama judicializado.
Sí cuenta con la enorme ventaja de la gestión, de los recursos, una estructura política consolidada a lo largo y ancho de la provincia; y una oposición que no termina de arrancar, con definiciones demoradas. Más aún con el anuncio de la candidatura de Llaryora, las indecisiones cambiemitas parecen abonar la teoría de falta de proyecto opositor. Sin embargo, ni el lanzamiento tempranero del intendente capitalino ni el letargo de los partidos opositores garantizan triunfos o derrotas. Sí puede haber ventajas y desventajas, aunque en el tramo final de la campaña todo se equipara y en definitiva, es el ciudadano el que termina eligiendo sus autoridades. El PJ dio el primer paso. Ahora le tocará a Juntos por el Cambio.
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