El Concejo Deliberante de Villa María tuvo un primer round muy intenso de cara a la próxima semana, donde se debatirá por cuarta vez la licencia del intendente Martín Gill. Esta vez ganó la oposición con el apoyo del accastellismo. Se suspendió por seis meses la aplicación del OIM, es decir, el tributo que cobra el Municipio para sectores comerciales, industriales y de servicios en la factura de energía eléctrica (entre un 6 y un 10%). Sin embargo, el oficialismo podría vetar esta norma en las próximas horas.
Por lo pronto, en esta permanente tensión entre gillistas y accastellistas, que recrudece en vísperas de cada prórroga de licencia, el bloque escindido Somos dejó al oficialismo local en una posición incómoda. No solo acompañó a la oposición en la votación del OIM, sino que podría empujar al Departamento Ejecutivo a vetar esta ordenanza y pagar un alto costo político, sobre todo en sectores medios y altos.
Empresarios, comerciantes y prestadores de servicios vienen exigiendo la reducción o supresión de impuestos (los distorsivos, por ejemplo) para afrontar esta crisis generada por la pandemia y por las malas decisiones económicas de los últimos años. Si se veta, y aquí el alcance político de la normativa aprobada en el Concejo Deliberante, cómo se le explica luego semejante resolución a sectores empresarios y comerciales de la ciudad.
A estas horas, el veto “es una posibilidad concreta”, pero “no está definido”, confió una importante fuente municipal a Claves Digital. Habrá reuniones con concejales y funcionarios (principalmente de las áreas económicas) para analizar el impacto de la medida. La oposición de Vamos Villa María y el bloque escindido Somos entienden que el recorte de ingresos por OIM no afecta las arcas municipales; y exactamente lo contrario sostiene el oficialismo, ya que el dinero recaudado por esta tasa (o sobre-tasa) se utiliza para pagar el costo generado por el alumbrado público.
Pero más allá de lo económico, que no deja de ser significativo, ya que el Estado local pierde ingresos durante ese lapso, la principal variable de análisis gubernamental ahora es el impacto político del veto. No solo en la opinión pública, fundamentalmente de los sectores afectados, sino en la relación con el accastellismo. El oficialismo (Hacemos por Villa María) necesita de los votos de los ediles Juan Carlos Cladera y Daniel López para aprobar la prórroga de licencia por otros seis meses, por lo cual no puede -en este momento- salir a confrontar con dureza en la esfera pública a su rival interno en el peronismo.
Fuentes municipales consultadas confían que el referente del espacio, Eduardo Accastello, finalmente dará la orden de acompañar el pedido de Gill para continuar en el Gobierno nacional al menos por seis meses más (de hecho, la ordenanza de prórroga presentada el jueves dice que la licencia será “no menor a 6 meses”, lo que no descarta que el tiempo podría ser aún mayor).
En definitiva, la orden de aprobar o no la emite el Gobierno provincial, del cual Accastello es ministro de Industria. Si la de decisión fuera exclusivamente del accastellismo, el voto sería negativo. No hay dudas. Pero no puede. Están condicionados por el contexto provincial y nacional.
El gobernador Juan Schiaretti mantiene una tensa relación con la Nación, en un “toma y daca” constante. Faltan pocos días para el cierre de listas para las elecciones de diputados y senadores nacionales y el peronismo cordobés se dividirá otra vez entre kirchneristas/albertistas y schiarettistas/delasotistas/otros. Gill claramente apoyará la lista del Frente de Todos. Accastello la de Hacemos por Córdoba.
La Provincia tiene dos opciones, o avalar la prórroga a través de los concejales accastellistas, ya que en la esfera provincial la licencia de Gill no resulta un tema relevante (sí para los villamarieneses) y evitaría así un conflicto con Nación; o negarla y abrir el primer frente de batalla electoral con el kirchnerismo. Se verá la próxima semana. Hoy todo indica que el actual secretario de Obras Públicas de la Nación conseguirá los siete votos necesarios para seguir incumpliendo la Carta Orgánica Municipal (COM), aunque en política dos más dos nunca da cuatro.
Foto: Gentileza de "El Diario del Centro del País"
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