La reforma laboral no resuelve la crisis previsional.
La aprobación de la ley de modernización laboral será un hito de alta trascendencia, tanto por la integralidad y profundidad de los cambios como por las sólidas mayorías obtenidas en ambas cámaras. El gobierno muestra intensidad, convicción y liderazgo para abordar las transformaciones a partir de la contundente victoria electoral de fines del año pasado. De todas formas, quedaron temas importantes de las instituciones laborales sin reformar y se necesitará desplegar similar nivel de liderazgo para que en la implementación las justicias laborales provinciales no distorsionen su espíritu ordenador.
Otro resguardo a tener en cuenta es no exagerar las expectativas en cuanto a los impactos que tendrá la reforma. Los cambios, al dar más previsibilidad, estimularán la creación de empleos formales, especialmente, en el segmento de las empresas medianas y grandes. Pero la informalidad laboral se concentra en las empresas más pequeñas para las cuales la reforma no contempla alivios regulatorios e impositivos específicos y potentes.
Esta es una razón adicional que aumenta la urgencia de no seguir demorando el ordenamiento del sistema previsional. Según un estudio muy reciente de la Oficina de Presupuesto del Congreso que cuantifica el gasto público total (nacional, provincial y municipal) entre los años 2004 y 2024 se observa que:
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El gasto público total pasó de 25,4% a 33% del PBI, es decir, aumento 7,6% del PBI.
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El gasto previsional nacional aumentó 2,2% del PBI.
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El gasto previsional provincial aumentó 0,8% del PBI.
Estos datos muestran que en lo que va del presente siglo y aun considerando el fuerte ajuste aplicado en el 2024, el gasto público consolidado aumentó un 30% por encima del crecimiento del PBI. El componente más importante en este crecimiento es el gasto previsional que explica el 40% del crecimiento total del gasto público. Además, el 75% del aumento de gasto previsional correspondió al sistema nacional y el otro 25% correspondió a las cajas previsionales provinciales no transferidas. Cabe agregar que es un gasto inflexible porque las jubilaciones son derechos inalienables y con tendencia creciente debido al aumento persistente en la expectativa de vida de la población.
Por varios motivos es ingenuo asumir que la reforma laboral permitirá equilibrar el sistema previsional. La reforma tendrá impactos modestos en formalización en las empresas más pequeñas que es donde se concentra el empleo no registrado. Además, para que formalicen, es imprescindible reducir las cargas sociales para adecuarlas a los bajos niveles de productividad que prevalecen entre las empresas más chicas. Es claro que el principal desafío previsional no pasa por aumentar los ingresos sino por moderar el gasto.
Un punto de partida fundamental –que generalmente se pasa por alto– es que el ordenamiento previsional debe ser abordado a nivel nacional y provincial. Aunque complejiza el proceso, es recomendable un abordaje integral y federal que involucre a ambas jurisdicciones. El principio ordenador central es diseñar un régimen general de prestaciones donde el monto del haber sea determinado en función de los aportes realizados durante la vida activa y la expectativa de vida a la edad de retiro. La única excepción debería ser complementar los haberes de las personas que acumulen pocos aportes (por informalidad, desempleo, inactividad) y tengan riesgos de caer en estado de vulnerabilidad.
La crisis del sistema previsional no es solo consecuencia del estancamiento en el empleo formal y la expansión de la informalidad. Un determinante mucho más importante es el crecimiento del gasto previsional derivado de decisiones oportunistas e irresponsables. La política previsional acumuló promesas financieramente incumplibles. Se destacan las moratorias que distribuyeron jubilaciones contributivas indiscriminadamente a personas sin aportes. Pero también opera la proliferación de regímenes especiales. Por lo tanto, no cabe esperar soluciones desde la reforma laboral, sino de un ordenamiento integral del sistema previsional que incluya tanto a los regímenes nacionales como provinciales.
Fuente: Idesa.
