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En un nuevo informe de la consultora Idesa, se indica que en la Argentina hay 19 millones de ocupados urbanos de los cuales solo 6 millones o 32% son asalariados registrados en empresas privadas. 

Unos 3,5 millones o el 18% son empleados públicos. De esta forma, el 50% restante de los trabajadores urbanos son empleados no registrados o cuentapropistas. “Lo más grave es que desde el 2012 los ocupados urbanos crecieron en 4 millones de los cuales solo el 5% del aumento fueron asalariados registrados en empresas privadas, mientras que un 20% fue aumento de empleo público, otro 25% fue aumento de monotributistas y el 50% restante fue crecimiento de la informalidad”, dice el informe remitido a Claves. 

En efecto, la consultora señala que el principal objetivo de la reforma laboral es revertir este proceso. “Para ello es importante, por un lado, rever factores que desalientan la generación de empleos en las empresas más grandes. Pero, por el otro, es igualmente importante rever los factores que inducen a las microempresas y trabajadores de menores niveles de ingreso operar en la informalidad. Esto es decisivo porque en este segmento del mercado de trabajo se concentra la mayor parte de la informalidad”, subrayan.

Los incentivos a favor de la informalidad entre las microempresas y trabajadores menos calificados trascienden la legislación laboral. Uno particularmente importante son las asignaciones familiares. Un trabajador con un hijo menor de 3 años cobra mensualmente:  

•     Si está registrado $60.000 en concepto de Asignación por Hijo.

•     Si trabaja informalmente cobra $120.000 por la Asignación Universal por Hijo (AUH).

•     El trabajador informal agrega además a la AUH $52.000 por tarjeta alimentar y $45.000 por complemento alimentario por ser el hijo menor de 3 años.

 “Estos datos muestran que en la informalidad el trabajador recibe $217.000 por mes por su hijo, mientras que si pasa a la formalidad recibiría sólo $60.000. Esto implica que el trabajador para ingresar a la formalidad va a demandar un aumento en la remuneración que le compense esta diferencia de casi 4 veces en el beneficio de asignación por hijo. En sueldos bajos, como son los que prevalecen en las pequeñas empresas, es un poderoso factor inductor a la informalidad. A esto hay que sumarle cargas sociales por aproximadamente el 50% del salario de bolsillo y la incidencia del convenio colectivo del sector”, explican.

Para Idesa, para generar un proceso dinámico de formalización laboral se necesita un abordaje integral, incluyendo mejorar el diseño de los beneficios sociales. “Si bien tiene impacto fiscal es imprescindible que las prestaciones por hijos entre los informales y los formales de más bajas remuneración se nivelen. También contribuirá a la formalización flexibilizar el requisito de 30 años de aportes como mínimo para jubilarse a fin de que las personas sepan que aun haciendo aportes parciales tendrán una jubilación superior a la mínima. En otros países, como Uruguay, la seguridad social se hace cargo del pago del ausentismo del empleado registrado por enfermedad inculpable. Esto opera como un beneficio muy conveniente para los empleadores cuando formalizan a sus trabajadores”.

Y agregan: “Junto con el rediseño de los beneficios sociales es fundamental potenciar alivios adicionales en las empresas más pequeñas. Una herramienta potente es establecer un mínimo no imponible sobre la masa salarial a las contribuciones patronales.

Dependiendo como se calibre, su impacto fiscal es acotado ya que se focaliza en los microemprendimientos. En la misma línea es clave permitir que las empresas salgan de los anquilosados convenios colectivos sectoriales. Para ello no alcanza con dar prevalencia a los convenios de empresa por sobre los de actividad. Además, hay que habilitar a los trabajadores de las empresas a celebrar un acuerdo propio con sus empleadores, prescindiendo del sindicato de actividad, y debería directamente eximirse de aplicar los convenios colectivos sectoriales a los microemprendimientos con hasta 10 trabajadores”.