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El informe 1139 de la consultora Idesa (Instituto para el Desarrollo Social Argentino) señala que la coparticipación es una regla de distribución automática de la recaudación de impuestos nacionales entre el Tesoro nacional y las provincias. Está establecida por la Ley 23.548 que fija que los impuestos nacionales se colocan en una bolsa (“masa coparticipable”) y desde allí se reparten automáticamente el 42% para el Tesoro nacional y el 57% para las provincias. 

El 57%, a su vez, se distribuye a cada provincia en función de coeficientes fijos decididos en 1988 mediante una negociación arbitraria y nunca actualizados. El 1% restante se destina al Tesoro nacional para que los distribuya discrecionalmente entre las provincias a través de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).“Tradicionalmente, los ATN se distribuyeron entre provincias y municipios con criterios muy arbitrarios. El actual gobierno redujo su distribución de manera sustantiva para apropiarse de ellos y contribuir al superávit fiscal. Esto llevó a que un conjunto de provincias promoviera en el Congreso una ley que modifica el destino del 1% de los ATN. En lugar de dejarlos a discrecionalidad del Tesoro nacional, los incorporaron a la masa coparticipable para ser distribuidos automáticamente, tal como el otro 99% de los impuestos que forman parte de ella. El presidente vetó la ley”, recuerda Idesa, aunque esta semana el Senado rechazó el veto y el proyecto ahora giró hacia Diputados.

Para la mencionada consultora, la pregunta que cabe hacerse “es si se justifica afrontar el conflicto que implica el veto que seguramente será revertido por el Congreso”. Para responderla sirve analizar la ley vetada. Según esta ley se observa que:  

•     El 1% de masa salarial asignado a los ATN desaparece.

•     Las provincias pasan de recibir el 56,7% a recibir el 57,3 % del total.

•     El Tesoro nacional aumenta su participación del 42,3% a 42,7%. 

 “Estos datos muestran que con la eliminación de los ATN aumenta la proporción de la masa coparticipable apropiada tanto por la Nación como por las provincias. Lo que se elimina es la atribución que tenía la Nación para distribuir discrecionalmente el 1% con ATN. Por lo tanto, desde el punto de vista de las finanzas públicas nacionales mejoran los ingresos del Tesoro. Lo que pierde la Nación es el manejo discrecional de los ATN, incluyendo su apropiación irregular a través de la decisión unilateral de no distribuirlos”, concluyen. 

De hecho, afirman en el análisis que la eliminación de los ATN va en favor del ordenamiento fiscal y se podría potenciar si se acompañara con el ordenamiento de responsabilidades entre niveles de gobierno. 

“Por ejemplo, el refuerzo de las partidas automáticas a las provincias podría ir de la mano del compromiso de las provincias de hacerse cargo de algunas inversiones para el mantenimiento de la infraestructura. También se podría eliminar el financiamiento nacional de los subsidios al transporte urbano que son responsabilidades provinciales. En este marco, la agenda de diálogo entre la Nación y las provincias se debería extender a cuestiones no monetarias, pero que son muy importantes para la competitividad, como sentar criterios homogéneos en la actualización de los créditos laborales por indemnización por despido en las justicias provinciales y la constitución de los cuerpos médicos forenses para la evaluación objetiva del daño en los juicios por accidentes y enfermedades profesionales”, puntualizan.