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El informe 1152 de la consultora Idesa (Instituto para el Desarrollo Social Argentino) habla sobre el proyecto de reforma laboral que se discute por estas horas en el Congreso Nacional. 

El mismo se compone de casi 200 artículos que abordan una gran cantidad de cuestiones aclaratorias de la Ley de Contrato de Trabajo y leyes complementarias, nuevas reglas para el funcionamiento de la negociación colectiva y los sindicatos, la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) donde las empresas quedan obligadas a destinar un 3% de la masa salarial –que se neteará de las contribuciones patronales con destino a ANSES– para financiar parte de las indemnizaciones por despido, un régimen de fomento a la contratación con reducción transitoria de contribuciones patronales para nuevos trabajadores, la posibilidad de un blanqueo de trabajadores y, sin relación con la cuestión laboral, ajustes sobre el sistema tributario. 

“Uno de los principales objetivos buscados con la reforma es promover la formalización laboral. Las expectativas en este plano llegan al punto de que se pospuso la reforma previsional asumiendo que la formalización de trabajadores que generará esta reforma laboral permitirá mejorar la situación financiera del sistema previsional. En otras palabras, hay alta expectativa de que la reforma propuesta redundará en masiva formalización”, dice Idesa.

La pregunta que cabe hacerse es si este proyecto de ley, tal como está concebido, podrá realmente motorizar un proceso masivo de formalización laboral. Para indagar sobre este tema hay que mirar los datos del mercado laboral. Según el INDEC, el 40% de los asalariados en empresas privadas son informales de los cuales:  

•     El 80% está en empresas con menos de 10 trabajadores.

•     El 16% está en empresas con entre 10 y 100 trabajadores.

•     El 4% restante está en empresas con más de 100 trabajadores. 

“Estos datos muestran que en las empresas más grandes la incidencia de la informalidad es marginal. La inmensa mayoría de asalariados informales trabajan en microempresas con menos de 10 trabajadores y una porción menor, aunque significativa, en empresas medianas con hasta 100 trabajadores. Considerando estas evidencias aparece como una debilidad del proyecto no contemplar los factores que más inciden para que en las empresas más chicas la informalidad sea tan masiva. Dentro de estos, se destacan la imposibilidad de aplicar los convenios colectivos de actividad (originalmente diseñados en función de las necesidades de las empresas más grandes y actualmente obsoletos por el paso de décadas sin actualizarse) y las muy elevadas cargas sociales”, explica la consultora. 

En efecto, aseguran que en materia de negociación colectiva es recomendable establecer que los convenios colectivos de actividad no sean aplicables a empresas con menos de 10 trabajadores. 

Es decir, que los pequeños emprendimientos estén obligados a respetar solamente la legislación laboral (Ley de Contrato de Trabajo, jornada, salario mínimo, etc.) y nada más, sin aplicar el convenio colectivo de actividad. “Esto debería ser complementado con la posibilidad a las empresas medianas de desengancharse del convenio sectorial y celebrar con sus propios trabajadores un convenio de empresa”, añaden.

En materia de cargas sociales la manera más directa y menos costosa desde el punto de vista fiscal de aliviar a las empresas más chicas es con un mínimo no imponible sobre la masa salarial para las contribuciones patronales. El Consejo de Política Social, organismo que forma parte del gobierno, propuso un mínimo no imponible a la masa salarial de $5.000.000 mensuales y estimó que su costo rondaría el 0,23% del PBI. Este es un costo fiscal que representa menos de la mitad del que demandará la constitución de los FAL para los despidos que se estima en el orden del 0,5% del PBI. Es decir, con un costo fiscal más acotado se podría aliviar sustancialmente los costos laborales de las micro y pequeñas empresas. 

“Dentro de lo extenso y complejo del articulado hay muchas reformas que van en la dirección correcta. Su principal debilidad es que no resuelve los principales problemas que sufren las empresas donde se genera el 80% del empleo informal. El Congreso puede suplir esta deficiencia permitiendo que las pymes tengan la posibilidad de quedar excluidas de los convenios colectivos de actividad y estableciendo un mínimo no imponible sobre la masa salarial para las contribuciones patronales. Combinadas, estas dos herramientas tienen la potencia suficiente para inducir una fuerte formalización laboral”, concluye.