Con efecto distorsivo
En un contexto económico marcado por la necesidad urgente de promover la inversión, la generación de empleo y el fortalecimiento del tejido productivo, el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) continúa siendo una pesada carga para las empresas de todo el país. Especialmente en las pequeñas y medianas empresas, este tributo provincial impacta de manera directa sobre la competitividad, la rentabilidad y la capacidad de crecimiento del sector privado.
A diferencia de los impuestos que gravan la ganancia o el valor agregado, el IIBB se aplica sobre la facturación bruta, sin considerar si hubo o no rentabilidad. Esto significa que incluso una empresa con pérdidas debe tributar, afectando su sustentabilidad. Por eso resulta especialmente distorsivo.
Además, por su efecto en cascada -ya que se aplica en cada etapa del proceso productivo o comercial- termina encareciendo artificialmente el precio final de bienes y servicios, castigando no sólo a quienes producen sino también a los consumidores. Esto se agrava en economías regionales y cadenas de valor que operan con múltiples eslabones, donde el efecto multiplicador del impuesto es aún mayor.
En muchas provincias, entre ellas Córdoba, el IIBB representa una porción significativa de los ingresos públicos, lo que explica su permanencia en el tiempo. Sin embargo, su lógica está en abierta contradicción con los principios de equidad y eficiencia fiscal que debería promover un sistema tributario moderno.
En los últimos años, se ha vuelto cada vez más común escuchar historias de empresas que reclaman por el peso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Los casos más resonantes son los reclamos del Banco Nación y Mercado Libre en Córdoba que amenazan con cerrar sus sucursales por este motivo.
Cada decisión de este tipo implica empleos perdidos, proveedores desamparados, menos inversión local y comunidades más debilitadas. El costo social y económico de este impuesto va mucho más allá de lo recaudado.
Este fenómeno, además, genera una competencia fiscal entre provincias que termina desnaturalizando el federalismo. Las empresas no deberían tener que elegir entre subsistir o irse; deberían tener condiciones razonables para crecer donde eligen invertir y generar valor.
En este sentido urge repensar su estructura y avanzar hacia una reforma impositiva que alivie la carga sobre quienes producen, generan empleo y apuestan por el país. No se trata de eliminar recursos del Estado, sino de rediseñar una matriz tributaria más inteligente, progresiva y alineada con el desarrollo. Ya existen proyectos en este sentido, como la puesta en marcha de un IVA generalizado que incluya la recaudación que reemplace a este impuesto.
El mensaje es claro: la presión fiscal no puede seguir expulsando al sector productivo. Las provincias deben animarse a revisar su estructura tributaria y abandonar prácticas que castigan al que produce.
