El OIM es una tasa distorsiva en Villa María y en cualquier localidad de la provincia que se cobre. Es, en verdad, una sobretasa que se paga en el servicio de energía eléctrica que encarece los costos de familias, comercios e industrias con el único objetivo de que los Estados municipales recauden de manera sencilla y segura. Casi toda la población paga por el servicio de luz a través de la factura de EPEC. El servicio de alumbrado público, para lo que supuestamente se utilizan esos recursos, ya se paga en la tasa a la propiedad, al comercio o la industria. Es una doble imposición que llegó para quedarse desde hace años. En el caso de Villa María apenas sufrió un impasse en el momento más duro de la pandemia y solo para los sectores comerciales e industriales, no así para las familias.
Ahora, y luego de un año de suspendida, el Concejo Deliberante estableció la eximición para sectores más afectados por la crisis sanitaria y la paralización de la actividad. El resto, vuelven a pagarlo a partir del 1 de abril. Como informó Claves Digital, los exceptuados son: agencias de viajes, turismo, hoteles, hospedajes, pensiones, casa de huéspedes, albergues, alojamientos por hora, salones de fiestas y eventos, sonido, iluminación, entretenimiento, filmación fotografía, DJ, esparcimiento, juegos electrónicos, prácticas deportivas, academias de danzas, teatro, música, centros vecinales, gastronomía, restaurantes, expendio de comidas y bebidas, quiscos, guarderías infantiles, transporte de pasajeros y servicios conexos, salones de belleza, higiene, estética corporal, peluquerías, pedicuras y manicuras.
El accastellismo y el gillismo consensuaron un proyecto de ordenanza que permitió estas excepciones, y lo votaron el jueves en el recinto legislativo. La oposición lo rechazó y pidió su eliminación.
Al respecto se refirió el concejal accastellista, Juan Carlos Cladera: “El proyecto busca cubrir a los rubros que el año anterior, en pandemia, no pudieron trabajar y que se encuentran en malas condiciones. Esos rubros pensamos que tienen que seguir con la prórroga de suspensión del OIM. Hay una cantidad muy que importante que han sido afectados por esta pandemia y entendemos que tienen que seguir con la prórroga”.
Por su parte, la edil opositora Karina Bruno señaló: “Es una tasa distorsiva, que encarece los costos de todo el mundo, es insostenible en este momento de la economía. Ahora se hace un parche que el oficialismo, con sus aliados del accastellismo, lo quitan para algunas actividades. Las industrias vuelven a pagar el 6%, cada vecino va a seguir pagando el 10% en su boleta de luz de una tasa municipal y la mayoría de los comercios lo van a volver a pagar”.
Y agregó al respecto: “Además no nos muestran los números. Dicen que el Municipio se desfinancia y no traen un solo dato. En el Tribunal de Cuentas hace de noviembre de 2019 que no hacen ninguna compensación ni imputación de gastos por alumbrado público y energía de lugares descentralizados con el OIM. Además, es una cuestión de fe, hay que creerles que se desfinancian, que deben alumbrado público, cuando nada ha pasado por el Tribunal de Cuentas”.
En el mismo sentido se expidió Aerca, la entidad empresaria local que reclamó su eliminación. Juan Carlos Jacobo, su actual presidente, remarcó en una nota para Canal 20: “Pedimos la derogación de este impuesto llamado OIM, que grava un porcentaje sobre el consumo de la luz, sea comercio o industria entre un 6 y 10%. En 2020 se suspendió por el término de un año y solicitamos la derogación definitiva. Genera una doble imposición ya que la gente, las empresas y las industrias pagan el alumbrado; y no vemos una retribución directa de lo que se paga”.
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