Por Martín Alexis Alanis

Suma fija polémica: empresa sí, provincias no

 Gobernadores y también intendentes de todos los colores políticos reflotan aquella vieja máxima “has lo que yo digo, no lo que yo hago”, tras su negativa para pagar la suma fija que decretó el Gobierno nacional. Sin embargo, las empresas de todos los tamaños están obligadas a abonarlo pese al reclamo de diferentes sectores empresarios.

 ¿Cuál es el argumento de los mandatarios provinciales y locales? Que el salario lo actualizan en negociaciones paritarias con los sindicatos estatales. ¿Y acaso las empresas no hacen lo mismo con los sindicatos del sector privado? Ya son 14 las gobernaciones que dijeron que no pagarán el bono (suma fija en realidad, ya que se incorpora a la paritaria en futuras negociaciones) y no se escuchó casi a ningún intendente decir que lo abonarán. En provincia de Buenos Aires, por caso, le piden plata al gobernador Axel Kicillof para hacer frente al incremento salarial.

 El ministro de Economía y candidato presidencial del oficialismo, Sergio Massa, firmó el decreto que instrumenta una suma fija de 60 mil pesos para los empleados públicos y privados en dos cuotas, 30 mil en septiembre y 30 mil en octubre. Sin embargo, la medida solo alcanza a los trabajadores del sector público nacional, no así a provincias y municipios. Ambos estados deciden acompañar o no la propuesta del Poder Ejecutivo Nacional, pero no están obligados como sí el universo privado.

 Un ejemplo más de doble vara y doble discurso. Mientras gobernadores e intendentes se llenan la boca hablando de inflación, pérdida del poder adquisitivo, padecimiento de las familias por aumento constante de los precios, a la hora de recomponer salarios prefieren mirar para otro lado y utilizar el mismo argumento del sector privado. Entonces, ¿por qué es válido para provincias y municipios y no para las empresas? ¿Por qué gobernadores e intendentes pueden escudarse en las negociaciones paritarias en curso y las empresas acatar la medida, además de seguir negociando en paritarias?

 La inflación y la pérdida del poder adquisitivo de la población están fuera de discusión, la recomposición salarial también. La paritaria es la herramienta más acorde en función de las posibilidades de cada rama. Ahora, si el Gobierno nacional decide adelantar ingresos a través de una suma fija, la medida es igual para todos, público y privado. Es injusto para el sector público que solamente cobren los empleados de la administración nacional, y no así los provinciales o municipales más allá que puedan o no estar negociando en la actualidad. Si ese valor es menor a 60 mil pesos, con más razón. Porque eleva el piso de la discusión.

 Y también es injusto para las empresas. Porque tiene que adelantar aumentos en un momento crítico, incluso también con paritarias abiertas, aunque sabiendo que una gran parte del sector público va a desconocer el decreto de Massa. Otra vez: o es para todos iguales o no es para nadie.

 Las cámaras empresariales mostraron su rechazo a la medida del Gobierno, que ya venía anunciándose tras la Paso, pero fue oficializada el pasado fin de semana. Insisto: si la paritaria es la herramienta para recomponer salarios en el sector público, y provincias y municipios evitan otorgar este adelanto de 60 mil pesos esgrimiendo esa explicación; por qué entonces el argumento no es válido para las empresas, que tienen el mismo mecanismo de negociación. ¿O acaso Massa no le consultó antes a gobernadores e intendentes para saber si tenían fondos para pagar? No están obligados por ley, como sí lo están las empresas, empero la predica está con el ejemplo. Nación paga los 60 mil, es el primero que debe hacerlo. Pero también deberían hacerlo los otros estados, que prefieren escudarse en el mismo argumento por el cual rechazan de los empresarios.

 El Gobierno anunció una batería de medidas para recomponer los alicaídos ingresos, medidas cortoplacistas para fomentar el consumo y aliviar las pesadas cargas mensuales de las familias para comprar alimentos, pagar alquileres, servicios, enviar los hijos a la escuela, etcétera. También hay anuncios para empresas, agro, monotributistas. Es una reacción espasmódica a la magra cosecha electoral de agosto, que sin embargo lo deja en carrera a pesar de tener una inflación anualizada de 120%. Son medidas que tal vez le permitan recuperar votos y meterse en la segunda vuelta. Por ahora se ve un ministro de Economía pateando penales, atajando penales, tirando centros y cabeceando. Si hasta los propios lo dejan solo en los anuncios. Un gobierno que sigue desorientado, sin cohesión, pero que asimismo continúa batallando en el frente electoral pese al desaguisado económico y la falta de conducción política.