Por Alberto Costa

Háganse cargo

El país
cerró el 2021 con una inflación muy elevada (50,9%). Es el segundo registro
anual más alto de los últimos 30 años, solo superado en 2019 con un 53,8% de
inflación anual.



Habría que
remontarse a los años de la híper de los ex Presidentes Alfonsín o Menem (pre
convertibilidad) para encontrar registros más altos. Treinta años que parece
que en la Argentina pasaron en vano.

A nivel
global somos la tercera economía más inflacionaria del mundo, luego de
Venezuela y Sudán, seguidos de cerca por otros países como Surinam, Yemen y
Zimbawe. Un cuadro que debería hacernos reflexionar.



El presidente
Alberto Fernández expresó recientemente que este es un flagelo que debe
terminar (vaya descubrimiento). En un contexto de baja credibilidad del mensaje
presidencial, hoy solo parece ser una aspiración de deseos.



La pregunta
es ¿Si en la mayoría de los países del mundo este tema ya está superado, porqué
en el nuestro no podemos solucionarlo?

Está claro
que es un fenómeno multicausal y largamente estudiado por las ciencias
económicas. Sus consecuencias son devastadoras ya que modifica el reparto de
riqueza en una sociedad y lo hace de manera injusta. Los ganadores son aquellos
que tienen más poder político y/o económico. Y en este contexto se anotan en
primer lugar los formadores de precios y el gobierno, los mismos que
periódicamente se reúnen para concertar los llamados precios cuidados, o algo
por el estilo.

Después que metieron aumentos escandalosos es fácil acordar
congelamientos y eso, el gobierno como cualquiera de nosotros, lo sabe. Esta
acción de control no soluciona el problema, solo lo morigera un poco. Es una
medida “para la tribuna” como vulgarmente se dice.



La
inflación en Argentina quizá podría solucionarse si a estos dos sectores no les
fuera tan conveniente su existencia. Uno obtiene ganancias desmesuradas, mientras
el otro licua gastos y cobra el llamado impuesto inflacionario.

A los
empresarios monopólicos poco podemos pedirles como ciudadanos, ellos aprovechan
una circunstancia del mercado que se justifica en magnificar sus ganancias o en
la imposibilidad de fijar sus costos de reposición.

Pero los
gobernantes no tienen justificación a su inacción, son los principales
responsables de que esto suceda y que no podamos ser un país un poco más normal
y estable.

La fórmula es simple: ser más eficiente en la administración de los
recursos públicos y no esconder la basura debajo de la alfombra. Crear las
condiciones para que una economía funcione. Esto que parece tan simple, no
sucede. Si a esto no lo cambia quien detenta el poder ¿Quién lo hará? Es una
gran deuda de la democracia que la política no ha saldado. Háganse cargo, es su
responsabilidad, para eso son nuestros representantes.