Por la interna peronista local se aprobó la suspensión del OIM por seis meses y la ampliación de exenciones impositivas para sectores afectados por la pandemia; por la interna peronista, se vetó. En el medio, los beneficiarios de las medidas. ¿Qué tienen que ver comerciantes e industriales en las rencillas propias del partido gobernante? ¿Quién se detiene a pensar más en la crisis generada por la pandemia y menos en estériles disputas políticas? ¿Alguna vez la dirigencia estará a la altura de las circunstancias y dejará las nimiedades de lado en post de un mejor vivir?

 La explicación de esta historia es sencilla. La oposición presentó meses atrás un proyecto para suspender la aplicación de la tasa OIM, que grava en un 6% (industriales) y 10% (comercios) la factura de energía eléctrica. Una semana antes del tratamiento de la cuarta licencia de Martín Gill, el bloque accastellista Somos decidió acompañarla y agregó una segunda ordenanza para ampliar exenciones. Se aprobó para intentar “marcarle” la cancha al gillismo en la discusión siguiente. 

 El oficialismo, que advirtió que podría vetar la normativa, la guardó unos días, consiguió los votos de los ediles Daniel López y Juan Calos Cladera para aprobar la prórroga de licencia y luego vetó ambas ordenanzas. En definitiva, se sancionó por política, se vetó por lo mismo. Nunca hubo intenciones reales de solucionar la problemática de fondo. Siempre tuvo el telón de fondo de la interminable disputa entre gillistas y accastellistas (esta semana se habló de posibles candidaturas a diputado tanto de Martín Gill como de Eduardo Accastello, el primero por el Frente de Todos, el segundo por Hacemos por Córdoba). En el medio, cientos de comerciantes e industriales que reclaman políticas concretas para sortear la crisis económica.

 El Municipio señaló en un comunicado que la decisión que se adoptó fue particularmente fundada “en entender que aplicar masivamente medidas inconsultas a todos los sectores sin distinción, no tiene justificativo ni parece razonable”. “Además – añadieron en el informe oficial- se observa que no existe ningún grado de análisis exhaustivo de las consecuencias que dichas medidas podrían provocar en las finanzas municipales”.  Y recordó que en este tiempo lleva invertidos 8.940.097,15 pesos en sectores afectados por las restricciones, además de “eximiciones, diferimientos de vencimiento, suspensión de sanciones y diferentes medidas en beneficio de los sectores afectados, sin perder de vista los principios de justicia distributiva y equidad tributaria”.

 No obstante, la norma aprobada en el Concejo Deliberante ampliaba esos beneficios económicos ante el impacto de la segunda ola de contagios, que obligó a restringir nuevamente actividades. El Municipio resolvió en esta oportunidad ayudar económicamente (con recursos propios) a bares y restaurantes, a diferencia del 2020 donde los fondos se repartieron entre más sectores. El OIM, en tanto, solo se aplica para rubros afectados por la crisis y no para toda la actividad comercial e industrial, como aprobó el accastellismo y la oposición de Vamos Villa María. 

  “No sólo nos parece arbitraria, sino inoportuna en un momento donde la sociedad reclama en este tiempo excepcional un trabajo coordinado por las fuerzas políticas para la resolución de los problemas que cada día se nos presentan”, señalaron desde el bloque Somos y consideraron improcedentes los argumentos del oficialismo, “ya que en numerosas oportunidades hemos solicitado informes económicos o reuniones para establecer criterios comunes”.

  “Sin embargo, la reticencia a brindar información como la falta de voluntad política para propiciar una comunicación madura demuestra una vez más las graves falencias en las que incurre la gestión municipal, y que hoy observa con total preocupación toda la comunidad de Villa María”, manifestaron en un comunicado. Lo cierto es que este mismo espacio, una semana después de aprobar el OIM y una semana antes de que el oficialismo lo vete, votó la prórroga de licencia de Gill. A veces las diferencias son meros maquillajes.

 También Aerca se manifestó al respecto: “Esta nueva medida hace caso omiso a una ordenanza que fue debatida y aprobada democráticamente por la mayoría de los bloques del Concejo Deliberante. Y, en segundo lugar, consideramos que contradice en sí mismo lo que pretende resolver: que es asistir a los sectores económicos afectados por la pandemia”.

 La política es la herramienta más importante en el sistema democrático. No hay otra mejor manera de vivir en comunidad que la democracia. Y la política permite fijar las bases para la convivencia y la generación de propuestas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. Pero cuando se tiene esta visión distorsionada de la misma, en la cual cada espacio quiere llevar agua para su molino, perjudicando al oponente, lo único que logra es aumentar el descreimiento sobre la clase política y la política. El partido y la interna no puede estar por delante de los intereses de la ciudadanía. Esta vez las víctimas fueron los comerciantes e industriales, principales motores de la actividad de la ciudad. Ayudas temporales en tiempos excepcionales no debería caer en ninguna grieta. La apuesta siempre es al diálogo. Las diferencias luego se resuelven en las urnas, no antes; y menos si perjudican a la sociedad.