El gobierno nacional mediante un decreto prohibió a los municipios y provincias incluir impuestos o tasas en las facturas de servicios públicos. Una medida en el mismo sentido está incluida en la ley bases recientemente sancionada, donde impone discriminar el impuesto en cada factura desde el 1 de enero de 2025, e invita a hacerlo también a las provincias.
Mas allá de la lectura puntual de la medida y los alcances desde el punto de vista jurídico, lo que está tratando de imponer Milei es que se transparente cuánto, cómo y quién cobra los impuestos en la Argentina.
Cuando pagamos un servicio o adquirimos un bien, dentro de dicho precio están incluidos los impuestos que se abonan en dicha transacción. Excepto el IVA y algún otro impuesto nacional, son los responsables inscriptos quienes a través de la factura que reciben pueden visualizar dichos importes, el resto de los mortales pagamos sin saber que conceptos se incluyen en la transacción.
Existen tres niveles de gobierno que cobran impuestos y tasas: el nacional, provincial y municipal. Paulatinamente se ha ido distorsionando el cobro de impuestos en el país. Desde el conocido caso del impuesto a las Ganancias que debieran cobrar las provincias y desde hace muchos años cobra la nación, en Argentina existe esta historia de desorden y desmadre en el cobro de impuestos. Los intendentes y gobernadores encontraron a través de los servicios públicos y otros rubros, una forma fácil y eficiente de recibirlos sin esfuerzo de cobranza. Esto se ha agravado en la provincia de Buenos Aires donde los municipios aplican impuestos a través de la venta de combustibles y en supermercados, distorsionando la actividad económica según el distrito que se trate.
Con el ajuste que está haciendo el gobierno nacional pretende bajar la carga impositiva de empresas y particulares, pero esa misma tónica no parece estar imbuida en gobernadores e intendentes. De sus bocas no se escucha ninguna intención al respecto. Por eso seguimos teniendo impuestos como el de ingresos brutos que distorsionan la actividad productiva y encarecen los precios al consumidor.
Es que la discusión al final también es sobre “qué se hace con los impuestos”, o sea como se financia el gasto público. Parece que nadie, o pocos, quieren largar la teta del estado y hacerse más eficientes en su gestión beneficiando al contribuyente con alguna rebaja que lo alivie y favorezca.
Por eso es importante que estos temas se pongan en discusión. Saber mejor cómo y de qué manera se manejan los recursos públicos y quien es responsable de cobrar los impuestos, para que podamos tener más claro algo que es de todos: el estado.
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