El anuncio de la llegada de Uber despertó el debate inmediato en la ciudad, puntualmente en el sistema de taxis y en la clase política. También en los medios de comunicación y entre los usuarios.
Lo que ya es común en otras ciudades, es una absoluta novedad en Villa María. No por el desconocimiento, ya que todos saben de qué se trata, sino por el impacto que tendrá en la movilidad urbana.
Y el sistema de taxis o remises es un aspecto clave en la movilidad. De hecho, es un servicio público, se encuentra regulado por el Estado a través de ordenanzas. Cualquier vehículo no puede ser taxi, ni muchos menos dictarse sus propias reglas. Es el debate de fondo con estas aplicaciones. Cómo “competir” en igualdad de condiciones cuando en la práctica la desigualdad es evidente, al menos desde el aspecto legal, pero que -a su vez- le permite al usuario contar con una alternativa más para poder trasladarse de un lado a otro de la urbe.
No solo Uber desembarca en la ciudad, sino que Cabify también tiene a Villa María y a Río Cuarto en el radar. Lo confirmó hace dos semanas un importante directivo de la empresa al diario Puntal. Es decir, ya no es un debate del futuro, sino del absoluto presente. Y hay varias consideraciones por hacer.
Primero, el sistema de taxis está regulado, tiene sus costos fijos y obligaciones por cumplir. Además del mantenimiento del vehículo, que siempre resulta muy costoso en un contexto inflacionario como vive nuestro país. De allí el reclamo (casi) permanente de aumento de tarifas en el Concejo Deliberante. Permisionarios dicen que, si no se actualiza la bajada de bandera y la ficha con cierta regularidad, trabajan a pérdida y no pueden sostener una buena prestación del servicio.
En este debate en particular todas las partes siempre parecen tener razón. Es verdad lo que plantean los taxistas. La inestabilidad económica golpea el sistema, sin actualizaciones de precios sería inviable. Ahora, ¿el usuario está en condiciones de acompañar esos incrementos, teniendo en cuenta que la crisis llegó a casi todos los actores de la comunidad? Porque de la misma manera que al taxista se le dificulta prestar un servicio adecuado y además obtener rentabilidad, a la gente común (el usuario) se le redujo significativamente los ingresos y tomar un taxis ya resulta más un bien de lujo que un servicio normal.
Y el Municipio, a través del Concejo, regula esa tensión permanente entre los ingresos de la población y los requerimientos de los taxistas.
El arribo de las app como Uber u otras en el futuro generan un cimbronazo en el sistema. El precio ya no lo fijará una ordenanza, sino que el usuario. El usuario, con el uso de las app, dirá cuánto está dispuesto a pagar por un viaje. A priori los valores son menores (como sucede en todas las ciudades) y para competir los taxistas no podrán elevar demasiado la tarifa si quieren conservar sus clientes.
Y allí hay varios conflictos. Por eso se habla de que las app podrían “romper el sistema”. Porque cualquier alternativa de menor costo atenta contra el sistema regular, legal. Es cierto que estas app permiten que los taxis también se sumen, lo que seguramente terminará ocurriendo en el futuro como pasa en las grandes ciudades. Pero el movimiento inicial es fuerte y genera un tembladeral.
Tiempo atrás una empresa regular bajó el precio en Villa María y estalló el sistema. Fue tal el conflicto que terminó con igualar (para arriba) el precio respecto a sus competidores. Pero ahora el escenario es otro. Ya son autos particulares los que trasladan pasajeros. Allí la competencia cambia de manera rotunda. No es una empresa física, sino una app.
La pregunta es hasta dónde los municipios pueden regular esta actividad teniendo en cuenta que estas app se rigen con otras legislaciones y poco les importa lo que digan las normas locales. Hasta cuándo se puede accionar, más aún cuando la sociedad se muestra mayormente a favor de contar con estas alternativas de viajes más económicas. Es un debate interesante. Donde todos tienen razón. Y donde nadie quiere salir perjudicado. ¿Se podrá?
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