Escribir con la mano y luego borrar con el codo. Una práctica habitual de la política doméstica, y más aún cuando la modificación de leyes electorales permite la continuidad en la función pública de autoridades que prefieren perdurar en el cargo durante años (algunos por décadas) y evitar así la sana renovación democrática.
Las provincias de Córdoba y Buenos Aires habían saldado la eternidad en la permanencia de los intendentes municipales con dos normativas interesantes, acorde a las demandas de la población. Ambas les ponían un coto a los interminables proyectos reeleccionistas: dos periodos consecutivos y fin de la función tras 8 años en el gobierno (podían volver después de cuatro años). Si bien hablamos de pasado, como si esas leyes ya hubieran caducado, la verdad es que aún siguen vigentes, pero con la sensación de que tienen las horas contadas.
Tanto en Córdoba como Buenos Aires, por reclamos de los propios intendentes y necesidades de los gobernadores (y hasta del propio Presidente Alberto Fernández), estas leyes quedarían archivadas o suspendidas y de esta manera todos podrían continuar hasta 2027 si sus poblaciones los reeligen en 2023.
La Unicameral de Córdoba sancionó por unanimidad en 2016 la Ley 10.406, que impide la reelección indefinida de intendentes y legisladores provinciales (quedaron exceptuados los municipios que tienen más de 10 mil habitantes y dictaron su propia Carta Orgánica como el caso de Villa María o Villa Nueva, donde ese impedimento en una norma establecida desde el momento de su aprobación). Ese mismo año, la Legislatura bonaerense aprobó una ley en el mismo sentido. La misma tenía el aval e impulso de Sergio Massa, actual presidente de la Cámara de Diputados y aliado clave en el Frente de Todos.
Sin embargo, a cinco años de aquellos acontecimientos, y a dos de aplicarse, la mayoría de la dirigencia consultada entiende que terminará suspendiéndose o modificándose para asegurar la continuidad de los intendentes en ambos distritos, figuras claves en los territorios y fuentes de arrastre de votos hacia los cargos provinciales y nacionales. Ya lo dice el dicho, la necesidad tiene cara de hereje.
En Córdoba, sobre un total de 427 municipios y comunas en toda la geografía provincial, serían unos 280 los jefes comunales impedidos de continuar por cuatro años más si esta ley permanece vigente.
Unos 150 de Hacemos por Córdoba, el resto de la oposición de Juntos por el Cambio (la mayoría de perfil radical). Si bien hay movimientos dentro de la propia Unión Cívica Radical para impedir el cambio de normativa, otros dirigentes del centenario partido no verían (tan) mal esta decisión dado que les permitiría asegurar -en primer lugar- su territorio y -segundo- aportar votos para intentar cambiar el signo político en El Panal en 2023.
Es decir, tanto en el oficialismo como en la oposición, los intereses y objetivos son los mismos. Pasa en Córdoba y también en Buenos Aires, las dos provincias más grandes y con mayor cantidad de electores. La renovación dirigencial, la participación ciudadana, la alternancia en el gobierno y las leyes como valor supremo de cualquier estado de derecho pueden esperar un poco más, tal vez hasta 2027, 2031, 2035 o vaya a saber hasta cuándo.
Normas bien percibidas por la sociedad, que evita este concepto de “atornillarse” en la silla, y que la misma clase política remendó para mejorar el sistema republicano de gobierno, ahora quiere echarlo por tierra de un plumazo. En ambas legislaturas, el peronismo tiene mayoría y además podría contar con votos opositores para asegurar la sanción de estas polémicas iniciativas en el año entrante.
En Córdoba sería el mismo oficialismo que la aprobó en 2016 quien la suspendería o cambiaría; en Buenos Aires el peronismo borraría del mapa una ley de los años de María Eugenia Vidal frente a la gobernación. Intendentes, legisladores, gobernadores y hasta el Presidente están a tiempo de repensar el tema y sostener la sana renovación dirigencial que necesitan las comunidades. La participación de la sociedad también requiere de leyes que la impulsen. Si la ley favorece “a los de siempre”, ese reclamo de participación no será más que un deseo de buenas intensiones sin ningún respaldo legal. Dos periodos de gobierno son más que suficientes para desarrollar políticas del Estado. Así es para el Presidente, así es para los gobernadores. ¿Por qué no para los intendentes?
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