A pesar de obvias diferencias políticas, ningún gobierno debería quedar sin presupuesto. Es la ley que permite administrar los recursos del Estado durante un año. La famosa “ley de leyes”. El peronismo se quedó dos veces sin esta fundamental herramienta, en 2010 y 2022. Sin embargo, la oposición esta vez aprobó el proyecto enviado por el ministro de Economía Sergio Massa, aunque negó cambios en retenciones y rechazó que la Justicia pague impuesto a las ganancias.
Un Presupuesto 2023 que se lee en “clave 2023”. El Frente de Todos, que exhibe nuevamente diferencias internas, al menos puede mostrar algunas victorias: haber conseguido amplio consenso para sancionar esta norma es un punto favorable en un escenario económico y político adverso. Para Juntos por el Cambio, que siente incrementar sus chances electorales, significa delimitarle el gasto al oficialismo en el año “súper electoral”. Inclusive le fijó una cláusula gatillo: si el Estado recauda más de lo presupuestado, deberá enviar otra ley al Congreso para especificar gastos adicionales. Además el oficialismo aceptó más de 40 modificaciones. Una ley con diálogo y consenso, como siempre se reclama, más allá de tres o cuatro aspectos polémicos.
Una semana que en el plano provincial y nacional, y en menor medida el local, la política se fue moviendo en paralelo a la gestión. A veces atendiendo aspectos que le importa solo a la política, como las Paso o las “re-re”; y a veces atendiendo demandas sociales concretas como refuerzos de ingresos o créditos al consumo. Ambas agendas se confunden, propio del tiempo electoral que se avecina.
En lo estrictamente político, el debate del presupuesto retrasó el proyecto de suspensión o eliminación de las Paso. En virtud del rechazo mayoritario en la oposición cambiemita y hasta en sectores del propio oficialismo, la idea del kichnerismo durante el fin de semana había mutado hacia un acortamiento en los plazos entre las primarias y las generales. Sería de apenas 30 días. Una idea razonable que acorta la campaña y retrasa la conformación de listas, lo que supone un periodo electoral duro de cuatro meses (si hay balotaje, sino apenas tres meses).
Pero fue el ministro del Interior, Wado de Pedro, referente de La Campora, quien volvió con la tesis original: quitar las primarias del calendario 2023. Inclusive dijo que gobernadores e intendentes pretenden convencer al Presidente Alberto Fernández para que impulse la suspensión o eliminación. Ya lo escribimos en la columna anterior, las Paso no les conviene a dirigentes que toda la vida han manejado la lapicera a gusto y placer. El problema no son las Paso, sino la dirigencia, o una parte de ellas, para no generalizar.
Además, y en este vértigo de noticias, declaraciones y polémicas políticas antes del inicio del Mundial de Qatar, Cristina volvió a cuestionar “al Gobierno”, como si ella no fuera parte del mismo, por autorizar un nuevo aumento de prepagas; el kirchnerismo pretende refugiarse en la provincia de Buenos Aires para conservar el poder y lanza posibles candidatos a presidente como el propio Wado de Pedro (“No creo que Cristina sea candidata” y “Massa ya dijo que no”, las declaraciones de esta semana de Máximo Kirchner); Macri presentó su libro “Para qué” y prometió más ajuste en los años siguientes (¿será o no candidato?); y Juntos por el Cambio en general vive momentos de extrema tensión, que solo podrán ser resueltos en una primaria (y por eso la defensa de esta herramienta).
En la provincia, en tanto, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) casi que sepultó el intento de los intendentes de buscar su re-reelección en 2023 a partir de ordenanzas municipales que los (auto) habilite, contrariando la ley provincial. Solo les queda una alternativa, también en la Justicia ordinaria, para que se determine la no retroactividad de la norma. En efecto, en lugar de tomarse como primer periodo de gobierno 2015-2019, como lo estableció la ley en 2016; se tome como primero 2019-2023 y segundo 2023-2027.
En lo político-partidario, el peronismo ya definió que el intendente de Córdoba, Martín Llaryora, sea el candidato a gobernador y refuerza su presencia en el interior los fines de semana. El resto de los dirigentes pelearán por acompañarlo en la fórmula o integrar listas nacionales y provinciales. Mientras que la oposición se debate entre Luis Juez o Rodrigo De Loredo. Esta semana surgió el rumor que compartirían la fórmula, uno primero, el otro segundo. Por lo cual, el candidato a intendente de Córdoba capital sería otro dirigente cambiemita. La jugada desconcierta al oficialismo.
En esta semana vertiginosa de información, con diferentes temas que cambiaron la agenda constantemente, el Gobierno puso en marcha dos programas distintos con objetivos diferentes. Por un lado, el bono de Refuerzo Alimentario de 45 mil pesos. Largas filas se vieron en las sedes de Anses para poder inscribirse. Hasta el momento, más de 800 mil argentinos están en condiciones de cobrarlo.
Y, por otro lado, el programa Ahora 30 busca dinamizar el consumo en productos de tecnología y línea blanca a una tasa inferior al mercado y con cuotas fijas. Y se anuncian además para los próximos días medidas contra la inflación (programa “Precios Justos”) y mejoras de ingresos para toda la población (sería a través de un bono).
Finalmente, a nivel local, las aguas transitan calmas en el peronismo y en la oposición. Se saben las diferencias, pero todos recalcan que “no es momento de definiciones” y cada uno atiende su propio juego. Una ciudad sin candidatos fuertes (por lo menos así lo marcan las encuestas) y con profundas divisiones internas en las coaliciones mayoritarias. Una historia a la cual le faltan muchísimos capítulos por contarse hasta llegar a las municipales.
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