Repartir bienes es la peor práctica del clientelismo

“Las demoras en la distribución de alimentos es motivo de intensas polémicas. No se trata de un caso aislado, ya que el reparto de bienes por parte del Estado nacional es una práctica usual. La solución pasa por eliminar las intervenciones de funcionarios nacionales en áreas que son responsabilidad de las provincias y sus municipios”, señala el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) en su informe 1072 publicado esta semana.

El texto remarca que la crisis se produjo en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano. Entre otros motivos, hubo un acopio de alimentos comprados por el Estado nacional para ser repartidos en todo el país que quedaron sin distribuirse y próximos a vencerse. “Resulta paradójico que en el marco de un fuerte ajuste fiscal y con más de 40% de pobreza se gasten recursos públicos en alimentos que no se logran distribuir. Un testimonio más de que lo que se necesita no es ajuste fiscal sino ordenamiento del Estado”, afirma el documento remitido a Claves.

Y agrega: “La operatoria que se utiliza es propia de una zona de desastre, como actualmente ocurre, por ejemplo, en la Franja de Gaza. Consiste en comprar centralizadamente alimentos para acopiarlos en dos depósitos (uno en el Gran Buenos Aires y otro en Tucumán) para luego distribuirlos en camiones por el interior del país. En el ambiente político esta práctica se denomina, eufemísticamente, “bajar al territorio”. La realidad es que es una de las peores prácticas del clientelismo: hacer que el pobre identifique, con el contacto físico, la identidad política del que le da de comer”. 

Para Idesa, resulta pertinente explorar cuán extendida está esta modalidad de gestión. Tomando la ejecución presupuestaria del 2023 en lo que son ayudas nacionales a las provincias, a los municipios y a las organizaciones de la sociedad civil se observa que:   
•    El Ministerio de Desarrollo Social las instrumentó en un 75% mediante transferencias de dinero, mientras que el 25% restante fue con compra directa y entrega de bienes.

•    El Ministerio de Salud las instrumentó en un 66% mediante transferencias de dinero; mientras que el 33% restante fue con compra directa y entrega de bienes.

•    El Ministerio de Educación las instrumentó en un 70% mediante transferencias de dinero; mientras que el 30% restante fue con compra directa y entrega de bienes.

“Estos datos muestran que la modalidad del Estado nacional de comprar bienes para repartirlos entre las provincias, los municipios y las organizaciones sociales (entre las que hay prestigiosas ONGs e innumerables cooperativas piqueteras) es una práctica extendida y arraigada. En los tres ministerios nacionales que más se involucran en funciones provinciales y municipales, entre el 25% y 33% de las ayudas nacionales se hacen comprando centralizadamente bienes (alimentos, remedios, vacunas, libros, etc.) para ser repartidos entre ONGs, centros de salud y escuelas que dependen de las provincias y sus municipios”.
 Para esta consultora, “en una organización federal, las provincias con sus municipios tienen la responsabilidad de las funciones sociales”. 

“Los programas nacionales que se entrometen en funciones provinciales y municipales colisionan con esta organización. Esto no es un mero desvío institucional, sino una de las principales causas que explican los excesos de gasto nacional y la baja calidad de la gestión pública. Que las provincias y los municipios acepten que el Estado nacional monte una burocracia para repartir alimentos, remedios, vacunas y libros en sus territorios es humillante. No contribuye a mejorar los servicios sociales y da la oportunidad a los funcionarios nacionales para desplegar prácticas clientelísticas. Encima siempre está latente el escándalo por fallas de logística o por corrupción en la compra”.

Idesa concluye que “se necesita un ordenamiento integral del Estado que tome como guía la reconfiguración del régimen federal. Por un lado, la unificación de impuestos nacionales, provinciales y municipales y el reemplazo de la coparticipación por una regla de corresponsabilidad fiscal, es decir, que cada provincia con sus municipios se apropie de los impuestos que se generan en su territorio. Por otro lado, que las provincias con sus municipios se hagan cargo enteramente y rindan cuentas a sus habitantes por los resultados de su gestión. Es fundamental eliminar los programas nacionales que se entrometen en funciones provinciales y municipales. Lo que significa, lisa y llanamente, desterrar la práctica de los funcionarios nacionales de ‘bajar al territorio’”.

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