Financiamiento de la obra pública

La obra pública es un tema que se ubicó en un primer plano a partir de los anuncios del presidente Milei de reducir drásticamente los recursos del Estado destinados a tal fin. Para hablar del sector, situación y perspectivas en el país y en nuestra provincia, entrevistamos al presidente de la Cámara Argentina de la Construcción delegación Córdoba, Ing. Horacio Berra.

¿El recorte del presupuesto a nivel nacional, lo entienden como algo transitorio o definitivo?

No sabemos verdaderamente cuál es la idea, pero si nos dejamos llevar por lo que se manifiesta a nivel nacional, es definitivo.
Si vemos lo que pasa en Argentina y el mundo, pensamos que es inviable mantener esa línea de desinversión total en el tiempo.

En nuestro país, el déficit en inversión en infraestructura es notable y es menor al promedio de los países vecinos. En Chile, usado como modelo en la gestión actual, la inversión en total es del 3,88 % del PBI, más del doble de lo que invierte el estado nacional en nuestro país. Y para completar, el aporte del sector privado en proyectos de inversión bajo modelos de inversión privada en infraestructura en Chile no llega al 10 % del total (7,1 % en el último año). En países desarrollados, con larga historia de continuidad en políticas de fondo de inversión en infraestructura, de estabilidad económica y de seguridad jurídica, ese porcentaje asciende, en algunos pocos casos al 25 %. Siendo lo normal entre un 10% y 20 %. Pero siempre, el estado realiza la mayor inversión. Con lo cual podríamos concluir que independientemente de lo que se diga, es inevitable e irreemplazable la participación del estado en el desarrollo de la infraestructura.

¿Qué sucede en la provincia de Córdoba en este tema?

Córdoba como estado hace tiempo que entendió que la inversión en infraestructura provoca un círculo virtuoso de efectos encadenados: mejora la competitividad y fundamentalmente la calidad de vida de las personas. Por tal motivo, en los últimos años la participación del estado Cordobés fue tomando primacía sobre las inversiones nacionales, llegando a ser prácticamente mayoritaria (90 % por sobre el escaso aporte nacional). Incluso terminó como propias obras cuyo aporte estaba comprometido por nación. Así que, confiamos y además así lo ha transmitido el actual gobernador que la inversión en infraestructura en nuestra provincia, como idea de base, está asegurada. Dependerá de los recursos de que disponga y de las prioridades ante la escasez de los mismos: baja en la coparticipación, la falta de giros a la caja de jubilaciones y la disminución de la actividad económica. Esto podría generar sin dudas un periodo traumático de desinversión.

Expectativas en relación a obras en marcha, sin concluir.

Las obras de nación están paralizadas. Incluso las que tenían financiación de organismos internacionales. No se sabe aún si al menos esas se van a continuar. De hecho, ni siquiera se han honrado los contratos en términos de la deuda existente con las empresas. Eso genera varios problemas, el primero es que el incumplimiento de los contratos en los que se esta incurriendo a nivel estatal nacional va a generar juicios que la Nación deberá afrontar, en el medio de ello muchas empresas pueden quedar desfinanciadas y quebrar. Pero lo peor en una paralización es la caída en la mano de obra y fundamentalmente que los usuarios de la infraestructura no tengan acceso al uso y disfrute de la mejora que la obra podría haber generado. En la provincia se sigue a un ritmo un poco mas lento de lo habitual, pero en general las organizaciones comitentes están al día con sus obligaciones.

Qué impacto ha tenido en las empresas del sector en términos de actividad y mano de obra.

En el país el impacto ha sido importante. Cabe aclarar que la actividad en el último periodo del gobierno nacional anterior, venía a la baja. En cambio, en Córdoba se mantenía hacia finales de año en niveles muy razonables. A partir de esa fecha la caída de la actividad se ha acrecentado y según datos del IERIC, la mano de obra en enero cayo en Nación un 50 % más que en Córdoba. Concretamente 5,6 % en Nación y 3,6 % en nuestra provincia. Cabe aclarar que hay provincias que dependen completamente de la nación para llevar adelante los proyectos. En esos distritos la situación es verdaderamente desesperante en términos laborales.

¿Cómo influye esta medida del gobierno nacional en los proyectos de las empresas? ¿Es factible la realización de obras públicas con financiamiento privado, como plantea el presidente?

Como comentaba, un incumplimiento de las obligaciones contractuales del estado hace pensar que la seguridad jurídica como política sigue sin entenderse. Es muy difícil que puedan realizarse proyectos de inversión en un país incumplidor y con alto riesgo de discontinuidad de políticas, como viene sucediendo desde hace tiempo. Lo que hace pensar que en el corto y mediano plazo la inversión privada no será tan fácil de conseguir, y si se hace, será a precios que permitan cubrir nuestro altísimo riesgo a mediano y largo plazo como país.

En una situación de mejora notable de las condiciones jurídicas y económicas, Argentina debería ser un traccionador de inversiones por la alta demanda y necesidad de infraestructura. Claramente el grado de desarrollo de los países es proporcional a la inversión en infraestructura, sea económica y/o social, consecuencia directa de la mejora de competitividad de los países y de calidad de vida de sus ciudadanos. La inversión privada puede contribuir a cerrar esa brecha: para eso hace falta continuidad de políticas que permitan atraer inversores y que el retorno de la inversión (periodos no menores a 15 y hasta 30 años) se podrá realizar por la seguridad jurídica de los contratos. Y por supuesto, economías estables que permitan realizar números consistentes perdurables en el tiempo. Esta solución permite virtuosamente que el Estado disponga de recursos para invertir en sectores donde la rentabilidad, medida sólo en términos de dinero, es inviable. Mientras el privado mide renta financiera, el sector público debe tener una mirada amplia y considerar proyectos en términos de mejora de calidad de vida, con un concepto de rentabilidad social proveer de beneficios a la sociedad, aunque no sean rentables.

¿Cuáles son las mayores preocupaciones de las empresas en este contexto?

A nivel Nación, nos preocupa principalmente la falta de continuidad de las obras y el incumplimiento de las obligaciones contractuales. La falta de pago ha generado un pasivo irrecuperable para las empresas, por las altas tasas a las que han debido financiarse quienes tenían deuda con las organizaciones nacionales. El impacto de estas medidas es tremendo pero el incumplimiento y la falta de respuestas contundentes en ese sentido no hace mas que agravar la situación. El recurso humano es el más importante de los recursos, y las empresas sostienen a los trabajadores mientras pueden porque es muy difícil reinsertar después a quienes llevan tanto tiempo cumpliendo funciones. Pero esta situación tiene un límite y este estado de emergencia e inacción va a generar una crisis inédita del sector con las principales consecuencias en el empleo y los usuarios.

En Córdoba nos preocupa que otros eventos ajenos a la política de inversión: Caja de jubilaciones, coparticipación, baja recaudación, etc., inhiban o generen decisiones de emergencia que, aunque entendibles en el contexto, lleven al sector a una situación no deseada.

Además, la baja actividad económica hace que también sea difícil la búsqueda de oportunidades en el sector privado. Muchas de las empresas de nuestra delegación hacemos obras para comitentes privados; pero la mayoría de las grandes empresas que demandan respuestas empresarias en términos de construcción están atravesando un periodo de sobre stock y exceso de capacidad ociosa, lo que complica un poco más el panorama. 

Como contrapartida y mirada positiva, si la economía despega a niveles importantes como se fomenta y enuncia desde el gobierno, implicaría la vuelta de las inversiones privadas como respuesta al crecimiento y la posibilidad de activar ese nicho del sector; y la mayor recaudación y presupuesto activaría al menos en nuestra provincia, el mantenimiento de las políticas de infraestructura.