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De acuerdo al último informe publicado por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), en la última década sólo creció el empleo público, el empleo asalariado no registrado y el cuentapropismo. No hubo aumento de empleo asalariado registrado en empresas privadas. Para esta consultora nacional, este fenómeno responde a “arcaicas instituciones laborales”.
El estudio da cuenta que entre los años 2012 y 2022 los trabajadores privados registrados pasaron de 6 millones a 6,1 millones. “Esta casi nula generación de empleo de calidad implica no darle oportunidades de progreso a una gran parte de la población”, concluyen. Sin creación de buenos empleos, “hay decadencia social y se masifican las frustraciones personales”.
Desde Idesa indicaron que, según información publicada por Ministerio de Trabajo y el INDEC, se observa que en los últimos 10 años el empleo creció en estos segmentos:
• Empleo público: aumentó en 740 mil personas.
• Empleo asalariado no registrado (“en negro”): creció en 700 mil personas.
• Empleo por cuenta propia: subió en 1,3 millones de personas.
“Estos datos muestran que los únicos empleos que se crean son de baja calidad. Aproximadamente un cuarto del crecimiento de las ocupaciones es empleo público –mucho del cual es espurio–, otro cuarto es empleo asalariado ‘en negro’ y la mitad restante es como cuenta propia. Dentro del cuentapropismo, solo el 65% está registrado en el Monotributo. Dentro del Monotributo, apenas el 20% está en la categoría D o superior lo que significa que obtienen una remuneración promedio mensual de $200 mil o más. Estos serían cuentapropistas con un nivel de ingreso que les permite no caer en la pobreza, en muchos casos trabajando para el Estado o para empresas eludiendo la normativa laboral”, subrayaron.
Además reflexionaron sobre el régimen laboral vigente en la Argentina. “Un factor que desalienta la contratación ‘en blanco’ son los muy elevados costos laborales no salariales. Sumando aportes y contribuciones a la seguridad social se llega a una carga equivalente al 44% del salario bruto. A esto se le agrega, como media, otro 5% fijado compulsivamente en los convenios colectivos para el sindicato de la actividad. Otro factor son las escalas salariales y demás condiciones de trabajo que imponen los convenios colectivos sectoriales a un universo masivo y heterogéneo de empresas. El resultado es que remuneraciones negociadas para aplicarse en grandes empresas de la región metropolitana no se pueden aplicar en pymes del interior del país. El tercer factor es la indemnización por despido acrecentada por una serie de multas que en lugar de ser destinadas al Estado se desvían al trabajador y a los honorarios de su abogado. Esto hace que el costo de finalizar una relación laboral sea incierto y desproporcionado”.
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