Cristina pateó el tablero y obligó a cambios de funcionarios en el momento más crítico del gobierno de Alberto Fernández. Recuperó centralidad política en decisiones claves, que luego derivaron en la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía. Se leyó, incluso por este escriba, como el último recurso para que el Frente de Todos llegue con posibilidades electorales al 2023. Pero jamás nadie imaginó que un pedido de condena e inhabilitación para ejercer la función pública de manera permanente formulada por un fiscal federal uniría a (casi) todo el peronismo detrás de su figura. Lo que ayer parecía una interna feroz hoy mutó hacia la unidad plena del oficialismo en sus diversas expresiones.
De igual manera, pero en sentido contrario, también unió a la oposición. Juntos por el Cambio apoyó el pedido de condena que expresó en el alegato el fiscal Diego Luciani. Para el peronismo, “hay lawfare”; para la oposición, “corrupción”. Para unos “no hay pruebas”; para otros, “sobran las pruebas”. Para unos hay intento de “proscripción”; para otros “una condena ejemplar”. La grieta en su máxima expresión en tiempos donde la tranquilidad política mucho contribuiría en la estabilidad económica requerida por millones de argentinos. Dado este contexto, habrá que convivir con dos realidades: con la profundización de la grieta, por un lado; y con el intento de normalización de las variables macro y micro económicas tras meses de incertidumbres.
El fiscal pidió 12 años por la causa Vialidad (se estima hacia finales de año la sentencia del tribunal), Cristina respondió con un descargo en sus redes seguido por miles de personas y transmitido casi en cadena nacional por diferentes medios de comunicación. El peronismo cerró filas con la vicepresidenta, incluso aquellos más alejados en lo político como el Movimiento Evita. Todos se expresaron a favor de Cristina: gobernadores, CGT, CTA intendentes, movimientos sociales, intelectuales, actores, La Cámpora y hasta el inesperado apoyo de la izquierda. Lo que la gestión de Alberto Fernández desunió en este tiempo, Luciani unió en cinco minutos y abrió otro escenario de cara al año próximo.
Sectores del cristinismo reclaman una movilización masiva para el 17 de octubre, Día de la Lealtad. Se debate si Cristina será candidata a senadora por la provincia Buenos Aires o candidata a Presidenta de la Nación. La centralidad política la convierte en la figura clave en cualquier armado electoral. Y no solo para el oficialismo, también para la oposición. El lugar que ocupe Cristina en 2023 determinará la estrategia de Juntos por el Cambio. No es lo mismo una candidatura a senador que a presidente, claramente.
Para aquellos que apoyan el pedido de 12 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, que el fiscal Luciani formuló en el alegato final, y entienden que la vicepresidenta debería quedar detenida en caso de condena, la legislación argentina no deja dudas en este sentido: solo se puede aplicar luego de una condena firme. Pueden pasar años, décadas, para que la Cámara de Casación revise la sentencia de primera instancia y muchísimos más años para que la confirme o desestime la Corte Suprema de Justicia. El ejemplo más claro es Carlos Menem, que murió sin tener condena firme en ninguna de las causas por las cuales se lo había condenado. Lejos de estar presa, Cristina estará libre y seguramente en las listas del peronismo en 2023.
Ahora, ¿alguien siguió este juicio durante tres años para decir si es culpable o inocente? ¿alguien vio alguna audiencia? ¿qué elementos existen para decir si debe ser absuelta o condenada? La mayoría responderá políticamente, casi nadie por aspectos técnicos. En el país de la grieta, poco importa la verdad. Solo ubicarse de un lado u otro del mundo.
Al kirchnerismo y al macrismo, en los últimos 15 años, le ha rendido electoralmente, pero no tuvo su correlato en mejorar la calidad institucional (incluso de la Justicia) y menos la economía. Ese modelo se replica y no hay lugar para los grises. El peronismo detrás de Cristina; la oposición política, mediática y financiera en el otro extremo. Solos en hitos políticos, como aquellos exhibidos esta semana, se evidencian que las diferencias entre la centroizquierda y la centroderecha en nuestro país son insalvables, a pesar de los reclamos de consenso y diálogo.
No importa la justicia como valor supremo de la Constitución Nacional. Menos con un Poder Judicial deslegitimado. Solo importa tener razón y alimentar divisiones. Es un país de polos, aquellos que intenten una tercera vía quedarán en el camino. Superar la grieta implica amplios consensos que ni el actual oficialismo ni la actual oposición están dispuestas a conceder. La sociedad, en efecto, también plantea el mismo escenario. No solo es una cuestión dirigencial. La grieta es política, cultural y social.
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