Primero, la República

Javier Milei transita su primer mes de gestión como Presidente de la Nación y por la batería de medidas anunciadas, económicas y legales, la incertidumbre hacia el futuro va en aumento. Los famosos 100 días de espera y paciencia de la población, la “luna de miel” entre las nuevas autoridades y la gente, esta vez se observa a medias. Los cambios fueron tan bruscos, con tanta celeridad, que impactó de lleno en el poder adquisitivo.

 Pasó un mes, pero parecieron muchos más. Milei desreguló la economía como prometió en campaña y el valor del dólar oficial saltó 118% en la primera semana. De allí le siguieron enormes incrementos en alimentos, bebidas, medicamentos, combustibles, etcétera, etcétera. No hay casi bien o servicio que no se haya movido en este mes. Si bien es cierto que muchos precios estaban contenidos por acuerdo de precios, la virulencia del salto dejó a la mayoría de asalariados y cuentapropistas contando las monedas para llegar a fin de año con dinero para las fiestas.

 La inflación del 25% difundida por el Indec en diciembre ratifica lo que cada argentino sabe. Que la suba de precios erosionó su poder de compra. El proceso inflacionario tiene una inercia de años en la Argentina, pero esta vez se duplicó respecto a los últimos meses. Si el Gobierno no habilita reapertura de paritarias, como lo vienen solicitando varios gremios importantes, se puede encontrar con un problema serio de pérdida de legitimidad en los próximos tiempos. El apoyo encuentra un límite: no comprar lo esencial para vivir.

 Está claro que los sectores altos, los mercados y las grandes corporaciones continúan respaldando a Milei, como así también sectores medios que le permitieron al liberalismo ortodoxo ganar por primera vez las elecciones presidenciales. El grito de “libertad” pegó fuerte en muchos sectores ante un gobierno anterior que todos los días tomaba más y más medidas para restringir la actividad y agrandar de forma desmedida el poder estatal. 

 El ciudadano común padece estas problemáticas. El asalariado que no llega; el comerciante que bajó las ventas; el informal que se queda sin “la changa”, el turismo que observa pasar la temporada con poca gente. Mientras tanto, en el Congreso de la Nación, por estas horas se debaten el famoso DNU y la ley “ómnibus”, que contienen más de 1200 artículos si se le suman los anexos. 

 El DNU fue incluido en las Sesiones Extraordinarias, dentro de la ley “ómnibus”, ante las dificultades legales de su aplicación. De la forma que lo firmó Milei, con los profundos cambios que introducía en muchas materias, la posible inconstitucionalidad quedó de manifiesto. Ningún constitucionalista avaló semejante decretazo. Lo correcto, como marca la legislación y la Constitución Nacional, es que las leyes se debatan en el Congreso de la Nación.

 Y eso está sucediendo por estas horas en Extraordinarias. Resulta inverosímil pensar que 1200 artículos pueden debatirse en 25 días (vence el 31 de enero la convocatoria). Son cambios demasiados profundos como para estudiarlos 5 minutos y seguir. Sin embargo, y pese a algunas pocas modificaciones, el oficialismo quiere aprobarlo sin cambios, a sola firma. La oposición peronista-kirchnerista y la izquierda ya anticiparon el rechazo al conjunto de normas propuestas; y la oposición dialoguista (radicales y el nuevo bloque de peronistas, socialistas, lilitos y otros) exigen cambios para acompañar el proyecto. La mayoría de diputados y senadores dicen que el Gobierno hoy no tiene los votos. Si abre el juego e introduce modificaciones, tal vez pueda alcanzar el número final.

 Por eso el título de la columna. Primero está la República. La democracia establece división de poderes, funciones específicas para cada uno. El Ejecutivo no puede legislar ni asumir la suma del poder público. Caso contrario, sería una autocracia. Y el Congreso tiene la obligación de debatir e introducir cambios para alcanzar la mejor ley a través del consenso, no se trata de una escribanía. Milei es Presidente pero no es ningún iluminado y menos un rey. Ganó las elecciones, tiene la legitimidad que le entregaron los votos, aunque no significa que puede asumir el poder público. Es un ciudadano argentino más con responsabilidades gubernamentales temporales. Ser presidente no es un cheque en blanco. Al contrario. Es dar participación a todos los partidos políticos y actores de la comunidad para que, entre todos, se pueda construir el mejor gobierno posible.

Martín Alanis