Una tasa de desempleo del 7% no implica que todo esté bien
Recientemente se publicaron datos del mercado laboral correspondientes al 3er trimestre de 2022. Y la tasa de desempleo volvió a estar en torno al 7% por cuarto trimestre consecutivo, valor muy cercano a los mínimos de la década. Comparando contra el 13% alcanzado en el punto más álgido de la pandemia, el dato suele ser presentado como alentador. Sin embargo, un indicador de esa magnitud puede convivir con profundos problemas en el mercado laboral.
En primer lugar, la tasa de desocupación mide a quienes buscan empleo y no tienen. No a quienes dejaron de buscar. Por lo tanto, ignora uno de los problemas estructurales del mercado laboral argentino que es la inactividad. Actualmente, el 30% de las personas en edad de trabajar se encuentran inactivas. Y es un problema que viene desde hace tiempo.
En particular suele agrupar a mujeres, con escasa experiencia laboral y educación y que probablemente reciben planes sociales. En total, suman 9,3 millones de personas.
La segunda cuestión es que el porcentaje de personas que buscan empleo aún ya teniendo uno (ocupados demandantes), actualmente es alto. Lo cual habla de personas que si bien cuentan como empleadas, probablemente tengan empleos precarios. Este grupo involucra a informales, monotributistas, beneficiarios de planes de empleos, trabajos mal pagos y subocupados (personas que trabajan pocas horas). En total, representan 3,6 millones.
Sumando desempleados, inactivos y ocupados demandantes, tenemos a 14,4 millones de personas con problemas laborales. Es decir, el 47% de la población en edad laboral. En consecuencia, los desempleados (1,5 millones) son apenas una fracción del problema.
Uno de los principales desafíos a largo plazo es evitar que los jóvenes de hoy caigan en la inactividad. En ese sentido, la principal cuestión pasa por mejorar la educación y empleabilidad de estas personas. Y por otro lado, el desafío de generar empleos de calidad, esto es, empleos privados registrados. Para ello es necesario dar garantías a las empresas de que si contratan no estén adquiriendo al mismo tiempo un pasivo actual (costo de mantener al empleado) y futuro (riesgo de indemnización), cuestión que la actual legislación laboral no está asegurando.
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