“¿Por qué la coparticipación genera tantas controversias?”, se pregunta el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) en su último informe semanal. Y si bien aclaró que es un tema que involucra muchas aristas y complejidades, en base a información publicada por el Ministerio de Economía, referida al 2022, se pueden extraer evidencias para desentrañar este importante tema:
• Las provincias del norte reciben en concepto de coparticipación 2.000 dólares por habitante por año.
• El resto de las provincias reciben 900 dólares por habitante por año.
• Las provincias del norte tienen 63 empleados públicos cada 1.000 habitantes cuando el resto de las provincias tiene 45 empleados públicos cada 1.000 habitantes.
“Estos datos muestran que la coparticipación redistribuye recursos impositivos en favor de las provincias del norte y éstas los usan para expandir el empleo público. Las evidencias avalan el planteo de los gobernadores del norte que, si les disminuye la coparticipación, no podrán pagar los sueldos ya que es claro el exceso de dotación de empleados públicos. También explican el rechazo que genera la coparticipación entre las provincias que ponen más de lo que reciben y plantean su judicialización”, señalan a partir de estos datos oficiales.
Y agregan que “la coparticipación es una de las principales causas de la decadencia argentina”. “A las provincias del centro y la Patagonia le impone un drenaje de recursos que cercena su progreso. Paradójicamente, también cercena las posibilidades de progreso de las provincias del norte. Los abundantes recursos que reciben las provincias del norte son destinados mayoritariamente al empleo público espurio y otras prácticas clientelares. La coparticipación no es una herramienta de solidaridad desde las zonas más ricas a las más pobres. Muy por el contrario, la coparticipación profundiza su subdesarrollo a través de los incentivos que genera en sus gobiernos a acumular poder político en base al clientelismo”.
En efecto, para Idesa, la solución pasa por aplicar el principio, ampliamente avalado por la teoría de las Finanzas Públicas, de correspondencia fiscal.
“Esto es, el que gasta, recauda. Para ello es necesario un nuevo acuerdo de coordinación tributaria y funcional entre las provincias y la Nación. El Estado nacional se debería financiar con los impuestos al comercio exterior, la seguridad social y el impuesto a los ingresos. Las provincias con sus municipios con un IVA que absorba ingresos brutos y tasas municipales. La AFIP debería seguir administrando el IVA unificado, sólo que, en lugar de distribuir aplicando la coparticipación, debería hacerlo en función de la producción y consumo de cada provincia. Esto incentivaría el desarrollo local. Las provincias del norte recibirían asistencia de un Fondo de Convergencia hasta que logren un nivel de desarrollo similar al resto del país”.
Por tanto, Idesa reclama que en las provincias del norte usen los fondos para expandir el empleo público y no para promover el desarrollo es el resultado de los malos incentivos de la coparticipación. “Por esto, la correspondencia fiscal generará mejores incentivos porque induce a la buena administración ya que impone la rendición de cuentas del gasto público a los ciudadanos contribuyentes”, concluyen.
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