Para una consultora, la ley previsional “trae de vuelta el déficit fiscal”

El informe 1130 de la consultora Idesa (Instituto para el Desarrollo Social Argentino) señala que producto de la aceleración inflacionaria que se desató en el 2018 y la manipulación a la regla de movilidad en el 2019, entre los años 2017 y 2023 las jubilaciones perdieron 35% de poder de compra. 

Luego, en el 2024 se vuelve a cambiar la regla de movilidad para ajustar por inflación pasada. Un detalle importante es que en enero del 2024 el ajuste fue parcial ya que no se consideró toda la inflación de ese mes. Por otro lado, se continuó con la política de reforzar las jubilaciones más bajas con un bono que desde marzo 2024 se mantiene fijo en $70.000. A esto se agrega que en marzo del 2025 venció la moratoria previsional.

Una parte de la oposición en el Congreso logró aprobar una ley que aumenta un 7,2% todas las jubilaciones -para compensar la parte de la inflación de enero del 2024 no considerada-, actualiza el monto del bono a $110.000 y restablece la moratoria por 2 años más. El presidente Milei ya anunció que vetará la iniciativa porque compromete el equilibrio fiscal. Para la oposición solo queda juntar dos tercios de votos, en ambas cámaras, para anular el veto. 

La pregunta que cabe hacerse es cuáles son los impactos de esta ley. Según datos del Ministerio de Economía y de la Oficina de Presupuesto del Congreso se observa que: 
•    El aumento del 7,2% para todas las jubilaciones deja el haber real en igual nivel que en el 2023 y aumenta el gasto previsional en aproximadamente 0,43% del PBI.
•    El aumento del bono a $110.000 deja el haber real de los que reciben bono en igual nivel que en el 2023 y cuesta 0,30% del PBI.
•    La prórroga de la moratoria por 2 años agrega de manera permanente un aumento del gasto previsional equivalente a 0,17% del PBI. 

“Estos datos muestran que la ley apenas logra recuperar los magros niveles de las jubilaciones del 2023 pero es desestabilizante para el equilibrio fiscal. Hay que considerar que el superávit financiero alcanzado el año pasado y que el gobierno proyecta mantener este año es del orden del 0,3% del PBI. Es decir, la ley revertirá el ajustado superávit fiscal logrado que es el principal sostén de la baja de la inflación. Si bien la ley prevé algunas disposiciones para lograr mayores ingresos, son de difícil implementación y de muy bajo potencial de generación de recursos adicionales”, dice Idesa.

Y agrega: “El planteo de la oposición se fundamenta en la endeblez de haber considerado solo una parte de la inflación en enero del 2024, de haber mantenido congelado el bono y de haber dejado vencer las moratorias sin dar alternativas a quienes llegan a la edad retiro sin cumplir con el mínimo de 30 años de aportes. El fundamento del gobierno es que su aplicación conlleva al retorno del déficit fiscal. Es muy paradójico que los cambios que plantea la ley sancionada por el Congreso están lejos de resolver el profundo deterioro de las jubilaciones, sin embargo, su impacto fiscal es decisivo para derrumbar el plan de estabilización. La explicación es que el sistema previsional necesita un ordenamiento integral. No parches que responden más al oportunismo que a la vocación de dar soluciones”.